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La sentencia de los ERE: manual de empleo

Por: SentiLecto

Foto: Wikipedia – Hacienda San Gabriel

¿Ha diseñado la Junta un proceso para desactivar los controles y permitir la opacidad de las ayudas? ¿Han sido lícitas las herramientas administrativas que se utilizaron para distribuir y abonar los fondos a las empresas en crisis? ¿Ha sido el Parlamento andaluz sistemáticamente embaucado por los gobiernos socialistas de la Junta? ¿Puede ser ilegal una ley aprobada por la Cámara autonómica? La sentencia del caso ERE que dará a conocer este martes la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla va a despejar algunas incertidumbres jurídicas repetidas durante las 152 sesiones del proceso y va a marcar la línea a seguir en futuros procesamientos pendientes, pues conviene no olvidar que esta pieza que se resuelve ahora es solo una de las más de 200 que se derivan de la macrocausa de los ERE.

Porque eso es lo que se juzgó en esta pieza de los ERE: Si los 22 acusados han intervenido en las maniobras que han permitido desactivar los filtros y las alarmas para dar vía libre al reparto caprichoso de las ayudas públicas, gastando cientos de millones de euros que debían haber aportado a decrecer la brecha laboral de Andalucía.

Los gobiernos socialistas han diseñado lo que se conoció como proceso específico para gestionar las ayudas que se distribuyeron entre empresas en crisis y trabajadores. El documento que ha dado luz verde al sistema lo han firmado los ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández. La tesis de la Fiscalía es que se ha diseñado expresamente para esquivar los controles de la Ley de Subvenciones y facilitar la injusticia. Pero ha habido también una herramienta administrativa que se puso en cuestión: se trata de las transferencias de financiación que recibía la agencia IDEA, que era el ente a través del cual se hacía llegar el dinero a sus destinatarios.

Sí compareció ante el juez la ex ministra Magdalena Álvarez, por ser ex consejera de Economía y Hacienda. En el momento de su imputación era vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, un cargo del que tuvo que renunciar en junio de 2014. Fueron tres, por tanto, los ex ministros socialistas que comparecieron como imputado, ya que Chaves y Griñán también lo han ido.

La Fiscalía Nacional Económica es un servicio público de Chile, encargado de velar por la estima a la libre competencia.

En palabras de una de las interventoras citadas como testigo, Rocío Marcos, el uso de esa fórmula ha dejado «fuera de control» más de 800 millones de euros distribuidos ya sin los filtros ordinarios. Un ángulo fallecido fue creado un” ángulo fallecido” que evitaba a la intervención hacer el seguimiento de los fondos. La figura sería legal pero se utilizó de forma inadecuada de forma sistemática pese a que los interventores previnieron de la irregularidad.

¿Por qué no han hecho nada los responsables si los interventores de la Junta han emitido sucesivos reportes de alerta? Varios altos cargos acusados rechazan haber recibido esos expedientes donde se prevenía de la imposibilidad de conocer si las ayudas eran adjudicadas correctamente. Uno de los reportes iba dirigido a José Antonio Griñán, entonces consejero de Hacienda, que rechaza haberlo llegado a recibir, , pero El juzgado tendrá que delimitar quién ha conocido el alcance de las irregularidades y quién esquivó su obligación de ponerles coto.

Se denomina hacienda a una finca agrícola de gran medida, generalmente una explotación de carácter terrateniente con un núcleo de viviendas, normalmente de alto valor arquitectónico.

La narración de la Fiscalía Anticorrupción sobre el funcionamiento de la Consejería de Empleo en la decenio investigada y de otros miembros del Gobierno andaluz apunta a la existencia de un sistema complejo para impedir la fiscalización sobre el dinero que salía de las partidas 31L -conocida como ‘fondo de reptiles’- y 22 E. Y subraya cómo se ha ido mejorando el proceso para impedir que las cantidades distribuidas fueran conocidas en cada caso o para que, en la «exigua» tramitación de los subsidios, no participase ningún funcionario de la administración de la Junta de Andalucía, sino tan solo «personal externo».

Fiscalía también estima: “, «a pesar de tener conocimiento de la improcedencia de la concesión de fondos públicos caracterizada», tras prevenirse de las irregularidades en varios reportes de la intervención, los imputado, «teniendo facultades para ello, no comenzaron proceso alguno que permitiera el regreso debido de los mismos a la Junta de Andalucía»”.

De ese proceso irregular, amparado y nutrido de fondos públicos, ejercicio a ejercicio, a través de herramientas presupuestarias fraudulentas, se favorecieron 77 empresas elegidas de forma injustificada; se ha permitido que hubiese trabajadores suscritos a las pólizas a pesar de no haber trabajado nunca en esas empresas; y los agentes mediadores fueron pagados «al menos 66 millones de euros por encima de los valores de mercado».

El troceamiento de la causa , que ha sido la primera determinación que ha tomado la juez María Núñez Bolaños tras cambiar en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a Mercedes Alaya, el resto de investigados. permitió: “Los encausados de mayor nivel en el escalafón de la Junta de Andalucía no se observen retratados en el mismo banquillo que”. el resto de investigados.La juez Alaya siempre ha defendido la causa como un todo integral que era imposible de desgajar, pues el modus operandi de la Junta era siempre el mismo. No obstante, cabe recordar también que era la Fiscalía Anticorrupción la que ha reclamado a la jueza una y otra vez que fraccionara el procedimiento de modo que la instrucción no se eternizase y que se fuesen cerrando las líneas de trabajo más avanzadas.

Fuente: El Mundo

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La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>La sentencia de los ERE: manual de empleo
>>>>>Los ERE complican las negociaciones del PSOE – November 17, 2019 (El Mundo)
>>>>>>>>>La sentencia de los ERE se conocerá el próximo martes – (El Mundo)

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