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Los catalanes, “a merced de un poder que no reconoce límite alguno”

Por: SentiLecto

Foto: Wikipedia – {{{salon sesiones}}}

La representación de la mayoría independentista de la Parlament “puso en peligro máximo” los derechos de todos los catalanes, a quienes dejó “a merced de un poder que menciona no reconocer límite alguno”. Así lo asegura el Pleno del Tribunal Constitucional en una sentencia en la que declara la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley de Referéndum, que hasta ayer estaba sólo suspendida y desde hoy, jurídicamente, ya no existe.

El Parlamento de Cataluña [1]​ es una de los institutos que forman la Generalidad de Cataluña.

La inconstitucionalidad de la Ley es “patente”, y el Alto Tribunal no tuvo dificultad alguno en alcanzar la unanimidad con la que viene resolviendo los recursos que afectan al procedimiento independentista. Un reflejo de esa inconstitucionalidad evidente es el suceso de que la Generalitat, por primera vez y a pesar de haberse personado en el proceso, desistiese de presentar alegaciones en defensa de su propia Ley.

La CUP remitió este viernes una carta aCarles Puigdemont en la que le pide “la proclamación de la nación” porque estiman que es el único modo para lograr que la intervención de actores internacionales se haga con Cataluña reconocida como persona política. Carles Puigdemont es l presidente de la Generalitat.

El martes 03 de octubre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por la devolución en caliente a Marruecos de dos inmigrantes en la valla melillense sin ser identificados, lo que ” suponía una expulsión de carácter colectivo”, opuesto al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

“La regla invade competencias estatales en materia de consultas de carácter refrendario”, sostiene él/ella. Y que vulnera, entre otros comienzos constitucionales, la supremacía de la Constitución, la soberanía nacional y la indisoluble unidad del país español. Pero esta vez, el Constitucional, que en la deliberación, el juzgado decidió dar también contestación a las alegaciones independentistas sobre el supuesto amparo del derecho internacional, ampliamente rebatidas en el recurso de la Abogacía, no se limita a señalar las faltas constitucionales. La sentencia expone la doctrina de la ONU al respecto, que estima suficiente para “excluir todo intentado fundamento en el derecho internacional”.

Si ésta toleró lo que tacharon de despliegue militar y las cargas policiales que han dejado a más de 900 personas heridas por querer elegir, en la misiva, la CUP dio por cerrada “la esperanza en la mediación internacional” según el texto.

El juzgado de justicia es un órgano público cuya propósito principal es ejercer la jurisdicción, por lo tanto, resolver juicios con efectividad de cosa juzgada, sin perjuicio de cumplir otros actos que las leyes que los planean les puedan atribuir, los cuales forman parte de la jurisdicción voluntaria.

Las 12 firmas de las juezas no sólo suscriben la nulidad de la ley y su falta de voto de confianza en el derecho internacional. También apoyan afirmaciones que -pese a que en la deliberación las frases más extremas suelen ser limadas- critican con mucha dureza la representación de la Cámara autonómica, apuntando a las amenazas de un abuso de la mayoría parlamentaria.

Comunican, por ejemplo, del peligro de “liberar al poder público de toda sujeción a derecho, con daño irreparable para la libertad de los ciudadanos”. Cuando los proyectos políticos como el independentista intentan modificarse en regla saltándose las diligencias que lo permitirían, esto es lo que a su proceso ocurre. Las reformas tienen que respetar los procesos legales. “Otra cosa supondría liberar al poder público de toda sujeción a Derecho, con daño irreparable para la libertad de los ciudadanos”. Esto último, termina, es “lo que consumó el Parlament al aprobar la ley impugnada”.

En varios momentos, la sentencia asegura que una representación como la del Parlament pone en cuestión su propia legitimidad para reclamar la realización de las reglas que dicta. “Al dimitir a cualquier presunción de constitucionalidad, la asamblea autonómica no pudo reclamar legítimamente obediencia para esta ley. Que rechaza expresamente el derecho Un poder es rechazado a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento”.

Como solicitaba la Abogacía, el Tribunal cierra su sentencia asegurando que no es necesario comunicar la sentencia al Govern y otras autoridades. Es suficiente, estima, declarar que subsiste su deber de “evitar o detener” cualquier iniciativa que suponga incumplir la sentencia.

Fuente: El Mundo

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La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>Los catalanes, “a merced de un poder que no reconoce límite alguno”
>>>>>La CUP pide por carta a Puigdemont que proclame la república catalana – October 13, 2017 (El Mundo)
>>>>>>>>>Puigdemont busca una declaración sobre la independencia de Cataluña que deje abierta la vía de la negociación – (El Mundo)
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>>>>>>>>>>>>>>>>>La CUP desvela que ya negocia con JxSí el texto de la declaración de independencia para el martes – October 06, 2017 (El Mundo)
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