Por: SentiLecto

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El Pleno del Consejo General del Poder Judicial se va a reunir el próximo viernes para estudiar la propuesta de reporte al Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El informe que van a debatir los vocales, al que ha tenido acceso EL MUNDO, recoge unas consideraciones generales favorables al estimar el proyecto de ley de ley como «un instrumento normativo adecuado para dedicar y dotar de contenido el derecho a la vivienda», que la Constitución recoge en su artículo 47.1. La ponencia del estudio correspondió al consejero progresista Álvaro Cuesta.

Este reporte era preceptivo porque la regla cambia algunos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, el CGPJ ha lamentado la semana pasada que no había tenido tiempo suficiente para elaborarlo antes de enero.

Álvaro Francisco Narciso Cuesta Martínez Abogado y político español, Vocal del Consejo General del Poder Judicial desde el año 2013.

«El texto del proyecto de ley intenta también garantizar la realización de este derecho en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos españoles, sin perjuicio de las competencias que sobre la substancia tienen atribuidas las comunidades autónomas», sostiene La propuesta de reporte , de 98 páginas,.

Otros puntos del texto es castigar las viviendas vacías, pues «Los ayuntamientos apliquen un recargo del 50% en la cuota líquida del gravamen de bienes inmuebles a las que permanezcan desocupadas sin justificación más de dos años», prevé él/ella. del 100% si si el propietario tiene cuatro edificios desocupados en el mismo término municipal, está vacía más de tres años y del 150%.

Un proyecto de ley de embarcación es una «maqueta de madera» con sólo la mitad del casco de una nave sin el aparejo ni los otros accesorios.

El proyecto de ley analizado define los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la vivienda y establece un régimen básico del derecho a la propiedad privada; regula la acción de los poderes públicos en materia de vivienda, así como los derechos, obligaciones y responsabilidades en las operaciones de adquisición y arrendamiento de la vivienda. Entre otras medidas, incluye las relativas a la información y transparencia en materia de vivienda y piso y las mencionadas a la contención de los valores del alquiler y a la alteración de los procesos de desahucio, contenidas en las disposiciones finales.

Entre otras consideraciones, la ponencia del CGPJ previene de la inconcreción y vaguedad que afecta a algunos dichos y contenidos del proyecto de ley, lo que dificulta la definición exacta del derecho que se intenta garantizar. Como ejemplo de ello, y sin perjuicio de las competencias autonómicas en la substancia, señala la ausencia de un mínimo grado de concreción en la definición de conceptos como infravivienda, vivienda digna y adecuada y condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero o en el establecimiento de los deberes del ciudadano en relación con las representaciones de conservación, reparación o mejoría de la vivienda.

También echa de menos el ponente que el proyecto de ley especifique los medios que se usarán para hacer efectiva la tutela del derecho a la vivienda. A pesar de su carácter básico, señala la propuesta de reporte de Cuesta, el proyecto de ley legal pide un mayor grado de claridad, por ejemplo, en la identificación del titular del derecho y de la persona obligada y en torno ala manera en que puede pedirse la realización de mencionado derecho.

Esa falta de concreción es estimada especialmente en los preceptos que determinan las normas de intervención de valores del mercado de alquiler de viviendas. En ese punto, el prelegislador parece haber dimitido a regular engranajes pre o extraprocesales específicos para asegurar el realización de las restricciones que se introducen en la disposición final primera del texto, dejando en manos de los órganos judiciales su exigibilidad y realización. Esta solución, recoge la propuesta de dictamen, va a tener una incidencia en la carga de trabajo que soportan los juzgados, ya de por sí aumentada.

La propuesta de reporte que será debatida el viernes por el Pleno señala, por otra parte, que el diseño contenido en el proyecto de ley para intervenir en el mercado de alquiler de viviendas es compatible con el derecho a la propiedad del art. 33 de la Constitución, que asimismo, el boceto de reporte solicita mayor rigor en las medidas de contención de valores de alquiler de viviendas, basada en un análisis empírico del resultado de mencionadas medidas. La regulación adoptada no hace irreconocible mencionado derecho ni rechaza la utilidad económica de la propiedad, por lo que se mueve dentro de los parámetros de control establecidos por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La conveniencia es sugerida , por ello, de establecer un tiempo temporal de aplicación de las medidas restrictivas de forma que se pueda estimar su resultado e incidencia tanto en el mercado de alquiler residencial desde el punto de vista, como social y económico. «Es cierto que las medidas de contención de los valores de alquiler que se ven en la disposición final primera del proyecto de ley, con la alteración de la LAU, están dirigidas a los alquileres en las áreas de mercado residencial tensionado, y que la vigencia de la declaración de un ámbito territorial como área de mercado residencial tensionado va a ser de tres años, pudiendo prorrogarse anualmente en los términos previstos en el artículo 18.2 d) del Anteproyecto, pero ello no conlleva por sí mismo la imposición de la obligación de revisar el sistema en función del análisis empírico del resultado de las medidas adoptadas», recalca Cuesta.

Por otro lado, el reporte resalta que la nueva ley de vivienda ha de convivir con la numerosa legislación autonómica dictada en materia de vivienda -de la que ya se hizo alusión más arriba- y que, con el proclamado carácter básico, ha de servir de parámetro de constitucionalidad de la normativa autonómica. El informe que apruebe finalmente el Pleno del Consejo va a ser preceptivo pero no vinculante para el Ejecutivo.

Fuente: El Mundo

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La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>El ponente del CGPJ apoya la ley de vivienda del Gobierno, pero comunica de que va a tensionará los juzgados
>>>>>El Gobierno aprobará la nueva Ley de Vivienda en el Consejo de Ministros del martes 18 de enero – January 09, 2022 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>Raquel Sánchez visita Emiratos Árabes Unidos los días 9 y 10 de enero – January 07, 2022 (EuropaPress)

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