Por: SentiLecto

Antes de que termine el año el consentimiento de nuevas medidas en el Entorno de la digitalización, hacienda estimará con pymes y autónomos

Y en el Entorno laboral ambiciosos objetivos son propuestos para reformar la estructura del mercado con urgencia, si bien las condiciones que se especifican hacen pensar que mencionadas reformas puedan no ser vigentes hasta el año que viene. Así, el pedido básico que se marca el Gobierno es que salgan adelante con el voto de confianza de la conversación social. De esta manera, alega, van a ser marcos regulatorios más duraderos.

MADRID, 9 May.

En 2 años, la Agencia Tributaria tendrá que presentar un informe de evaluación sobre la ley de pelea en contra de la estafa fiscal, actualmente en tramitación parlamentaria, proponiendo, a la vista de sus resultados, el mantenimiento de las medidas incluidas, su alteración o supresión.

No obstante, En 1 año, antes de esta fecha una evaluación provisional de los efectos de la Ley de pelea será realizada por la Agencia Tributari en contra de la estafa, según se desprende del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas.

El anteproyecto de medidas de precaución y pelea en contra de la estafa fiscal cumple casi siete meses desde su remisión al Congreso, el pasado mes de octubre, sin avanzar en su tramitación y sin tan siquiera acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, asociados en el Gobierno.

Hace 1 año, todo ello pese a que el Ministerio de Hacienda contaba con el refuerzo de la normativa fiscal : más de 700 millones de euros, según el Plan Presupuestario remitido a la Comisión Europea a finales de 2020.

«No hay compromiso sobre esta substancia, ni ningún tipo de reforma. Creo que en el contexto global del documento está perfectamente informado y no hace falta remitir aclaración adicional a la Comisión Europea porque el componente de fiscalidad es negro sobre blanco y no está incorporada esta reforma», insistió Montero en rueda de prensa tras la reunión este martes del Consejo de Ministros.

Concretamente, 218 millones de euros más por la restricción de los pagos en efectivo y otros 500 millones de euros por la incorporación de prácticas internacionales en la precaución y pelea en contra de la estafa, incluidas en la trasposición de la directiva europea.

No obstante, pese a comenzar su tramitación en octubre y terminar en diciembre el plazo para elaborar y registrar enmiendas, la iniciativa sigue en barbecho, sin tan siquiera haberse constituido su ponencia para comenzar la discusión de las casi 250 propuestas de los grupos.

A pesar de ello, y según el almanaque de implementación de laley remitido a Bruselas, el Gobierno, que ha estipulado una inversión total de 532 millones de euros entre 2021 y 2024, aunque este aumentado valor no será financiado con cargo al Plan de Recuperación, espera que el grueso de la misma entre en vigor cuando se apruebe en las Cortes, plazo calculado para el segundo trimestre de 2021. Sin embargo, , por cuestiones de almanaque, alguna medida de la ley será aplicada en 2022, como es el caso, por ejemplo, de la lista de deudores, ya que los cambios que se introducen surgirán en la lista que salga publicada en 2022 y no en 2021.

Adicionalmente, antes del final de 2021 se van a analizar con las organizaciones representativas de autónomos y pymes medidas adicionales en el Entorno de la digitalización a desplegar en 2022 y 2023 para facilitar la normalización y estandarización de las obligaciones de facturación y registrales que vayan más allá del primer paso dado de proscripción del software malicioso.

El componenete 27 del Plan, titulado ‘Medidas y representaciones de precaución y pelea en contra del estafa fiscal’, ve reformas para la modernización del sistema fiscal y de la administración impositiva, que se fraccionan en cinco grandes bloques: la consentimiento de la Ley de pelea en contra del estafa, la modernización de la Agencia Tributaria, el refuerzo de la asistencia al contribuyente, la vertiente internacional de representación de la Agencia Tributaria y el nuevo modelo cooperativo de vínculo con los contribuyentes y la cooperación en el Entorno de los órganos jurisdiccionales.

En el Entorno fiscal, como ya apuntó en numerosas oportunidades la ministra, María Jesús Montero, la reforma fiscal no se llevará a cabo hasta que el comité de especialistas no emita sus recomendaciones. En 1 año, y eso no va a ser. Es cierto que algunas representaciones ya se han llevado a cabo y otras están en marcha, pero según sus estimaciones asciende a 7,3 puntos, el objetivo del Gobierno es «reducir el diferencial con la media ponderada de las naciones de la Eurozona», que. Y eso pide mucho más.

En los bloques se incluye, por ejemplo, el consentimiento y firma de los códigos de buenas prácticas de pymes y autónomos, la actualización de la lista de paraísos fiscales, la restricción de pagos en efectivo para determinadas operaciones económicas, la alteración del régimen de la lista de deudores frente a la Hacienda Pública, la proscripción de amnistías fiscales, la creación de las Administraciones de Asistencia Digital Integral o la explotación de la información derivada de instrumentos internacionales, entre otras.

El paquete de reformas que integran este componente tiene como principal objetivo que la evolución de las bases imponibles agregadas sea más favorable que la evolución de las magnitudes macroeconómicas agregadas directamente relacionadas con las entradas tributarias .

El Ejecutivo en el documento señala: «Este grupo de medidas orientadas a advertir y, en su caso, pelear en contra de la estafa fiscal y consolidar la capacidad de recaudación del sistema tributario va a permitir la modernización de nuestro sistema fiscal haciéndolo más eficaz, permitiendo paliar el impacto de la crisis causada por la Covid-19».

En el Plan un incremento de los efectivos del Agencia Tributaria es recogido con el propósito de alcanzar una plantilla de dimensiones más próximas a las que fueron frecuentes durante toda su historia, en la que casi siempre contó con más de 27.000 trabajadores, alcanzando máximos en el entorno de los 28.000.

La plantilla de la Agencia Tributaria es reducida en torno a la disponible antes de la crisis económica de 2008. Mencionada situación es producida como consecuencia de la combinación de dos factores: por una parte con el consiguiente escenario de pensiones en los próximos años Una parte es la aumentada edad media de la plantilla. y, por otra, los impedimentos para la incorporación de nuevos efectivos después de sucesivos años con ofertas de empleo públicas reducidas.

Tal y como prevé su estrategia estratégica 2020-2023, por esta causa, se plantea como objetivo prioritario de la AgenciaTributaria , la recuperación progresiva de la cifra de trabajadores de los que disponía antes del impacto de la crisis económica, recogiendo el compromiso de «consolidar y rejuvenecer» la plantilla para hacer frente a los nuevos desafíos.

Este aumento de plantilla pide inversiones inmobiliarias, siempre tomando en cuenta las consideraciones medioambientales y de eficiencia energética, así como de dotación de las oficinas de nuevos equipamientos tecnológicos.

Adicionalmente, se intenta abordar una modernización informática de la negociación impositiva. Así, en la inversión recogida en la estrategia cambios informáticos son planteados que tienen un sobrecoste para el Departamento de Informática de la Agencia Tributaria.

Entre ellos, cita el impedimento de acceso a la financiación para el emprendimiento, la alza empresarial y la innovación; el muy pequeña medida que dificulta el aprovechamiento de economías de escala y la internacionalización; una aumentada vulnerabilidad a shocks externos y bajas economías de escala que dificultan la inversión y la innovación.

«Son necesarias inversiones en el Entorno de Aduanas para consolidar la pelea en contra del contrabando y el narcotráfico», señaló el Ejecutivo De igual forma,.

Mejoras son vistas también en la selección para detectar entradas no declarados. Así se estipula la orientación de las representaciones de la Agencia Tributaria hacia el análisis patrimonial y societario y la ocultación de actividad y abuso de formas societarias, con el propósito de detectar aquellos incumplimientos más flagrantes, consistentes en tapar el cumplimiento de sucesos y bases imponibles a la Administración.

Adicionalmente, la implantación de un nuevo modelo de asistencia integral en la Agencia Tributaria es recogida a través de la’ vitrina virual’ ADI como plataformas dirigidas a prestar servicios de información y asistencia por medios electrónicos por medio del uso de canales de comunicación no presenciales.

Fuente: EuropaPress

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