Por: SentiLecto

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El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo emitió un primer reporte sobre el decreto-ley aprobado esta semana por el Gobierno, para que el TS tenga la última palabra sobre las limitaciones sanitarias que adopten las comunidades autónomas tras el estado de alarma, en el que plantea una serie de dificultades procesales y apunta a una «probable insuficiencia» de este tipo de regla para regular cuestiones que afectan a derechos fundamentales.

Alfonso Fernández Mañueco ha acusado aPedro Sánchez «de imprudencia y dejación» de sus funciones por no aprobar «una legislación intermedia» o aprobar algún instrumento al servicio de las comunidades, ya que a partir del 9 de mayo se elimina el toque de queda y el cierre perimetral de la Comunidad. Alfonso Fernández Mañueco es el presidente de la Junta. Pedro Sánchez es l jefe del Ejecutivo central.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, arranca adelantando que «no se examinará» una serie de cuestiones porque «piden de un estudio profundo que ahora no puede abordarse» al tratarse de «una nota de urgencia».

Hace 68 años, Torcuato Luca de Tena Brunet creó a ella y otras personalidades miembros del Opus Dei que poseían altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo.

No obstante, dice entre estas cuestiones, aunque sin desarrollarlo, «la dificultad de la probable insuficiencia o inadecuación del rango de la regla usada para regular una cuestión como esta, que incide en derechos fundamentales».

Apunta asimismo, como parte de los asuntos que no comentará, «la dificultad de la constitucionalidad de la postura institucional en que se viene a ubicar a los juzgados de justicia, como una fortuna de copartícipes ejecutivos en el procedimiento de adopción de medidas administrativas, al modo de las competencias administrativas compartidas».

Lo que sí menciona expresamente es que este decreto-ley «se presenta, de forma implícita pero evidente, como una reacción legislativa en contra de la interpretación jurisprudencial del marco legal anterior».

Él/ella En este sentido, o autorizaban las medidas sanitarias «no cabía recurso de casación». recuerda: «En un reciente auto de 24 de marzo de 2021 el alto juzgado informó «de forma ampliamente alegada» que en contra de las determinaciones de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional que rechazaban». o autorizaban las medidas sanitarias «no cabía recurso de casación».

Hecho este prefacio, se adentra en una serie de consideraciones «de carácter puramente procesal» para «poner de manifiesto algunas incertidumbres de naturaleza procesal que suscita, ya en una primera impresión, la lectura de la alteración de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que se termina de operar».

Aunque el decreto-ley menciona, gabinete En concreto, de previene: » que el Tribunal Supremo «va a fijar doctrina» con estas resoluciones, «ha de tenerse en cuenta que eso puede no suceder»».

Va a ser el salón tercer del Tribunal Supremo la encargada de resolver y lo deberá hacer tras la presentación de un recurso de casación. Para ello solo van a tener 5 días de plazo. Esta es una de las novedades qeu se incluyeron en el decreto del Gobierno ya que los recursos de casación ante el Supremo suelen tardar mucho tiempo en ser resueltos.

Exactamente, la necesidad de «unir doctrina» ha sido una de las causas que Carmen Calvo ha esgrimido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes -cuando el decreto-ley fue aprobado- para justificar la necesidad del mismo a fin de impedir la situación que se dio tras el primer estado de alarma, con dictámenes judiciales contradictorios sobre las medidas restrictivas. Carmen Calvo es la vicepresidenta primera del Gobierno.

Después de que el Ejecutivo haya aprobado hoy un decreto, así lo ha informado en la rueda posterior al Consejo de Ministros , en el que trabajaron 9 ministerios, y por el que adicionalmente se prorrogan las medidas asociado económicas durante tres meses más, hasta el 9 de agosto, tras decaer el estado de alarma el próximo 9 de mayo.

Él/ella Sobre este particular, y no estudie ni se pronuncie sobre el fondo del asunto. informa: «Puede ocurrir que, si concurren los pedidos legales para aceptar el recurso, dado que se prescinde de la diligencia previa para determinar sea la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS la que en su resolución establezca que debe inadmitirse por eso o porque no hay interés casacional» -por ejemplo por ser «una cuestión puramente casuística»-«. y no estudie ni se pronuncie sobre el fondo del asunto.

Él/ella A este respecto, lamenta: «La etapa de preparación del recurso de casación sea suprimida ante el TSJ o la Audiencia Nacional, permitiendo que se presente directamente ante el Supremo, lo que «plantea numerosos interrogantes y dificultades prácticas» mencionados sobre todo a la imposibilidad de filtrar esos pedidos legales y el interés casacional».

«Los frecuentes, debiendo resolver el Supremo en unos ocho días, agregados los tres de desplazamiento a las partes para que argumenten y los cinco posteriores para que el TS sentencie», expresa él/ella Igualmente, incertidumbres sobre la posibilidad real de poder cumplir con los plazos establecidos por el decreto-ley, que son más cortos.

«Si, como es de temer, la litigiosidad es multiplicada en esta substancia, va a resultar muy problemático resolver los recursos en tan breve plazo, habida cuenta que al Tribunal Supremo entrarán, probablemente en fechas coincidentes, recursos procedentes de cualesquiera juzgados inferiores de este orden jurisdiccional contencioso-administrativo», comunica.

«Sea la Sección Cuarta de la Sala la que resuelva los recursos», ha decidido él/ella En primer lugar, se. Se trata del juzgado que ya venía resolviendo los asuntos relativos a substancia sanitaria y se había pronunciado en los últimos meses sobre medidas relacionadas con el coronavirus. La novedad es que va a ser el presidente de la Sala César Tolosa, no el de la Sección, el que presida el juzgado en esos recursos de casación.

También pone encima de la mesa la posibilidad de que esos ocho días puedan extenderse, puesto que si los tres días que se dan a las partes para hacer alegaciones son hábiles o naturales, el decreto-ley no precisa. Termina: «Habrá que comprender que se trata de días hábiles». si se presentase, él/ella En la misma línea, que previamente se interponga un recurso de reposición pero tampoco prohíbe que se haga, de modo que podría dilatar aún más los tiempos de resolución. como es frecuente en el recurso de casación, señala: «La ley no pide – -«. si se presentase, que previamente se interponga un recurso de reposición pero tampoco prohíbe que se haga, de modo que podría dilatar aún más los tiempos de resolución.

Otro de lo puntos enfatizados por el Gabinete Técnico es que el decreto-ley habilita a la Administración General del Estado a recurrir, «si el objeto de la licencia o confirmación hubiese sido una medida adoptada por una autoridad sanitaria de Entorno distinto al estatal, en realización de representaciones coordinadas en salud pública declaradas por el Ministerio de Sanidad, en su caso previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud».

Antes de sostener que «ha de descartara» porque este tipo de autorización judicial «no ve más intervención que la de la administración autora del acto y el fiscal». si este ingreso en el proceso del letrado del Estado lo es, expone: «Ante todo, aparece la incertidumbre sobre -como parece- solo para la etapa de casación, o si debe comprenderse que en esos supuestos tendría que darle, asimismo, previamente, la condición de parte en la instancia».

Gabinete adicionalmente Añade: «»la hipotética atribución de tal facultad parece muy difícil de compatibilizar con la lógica jurídica de la casación»». pues cuando lo que se intenta en la casación es, daría pie el letrado del Estado a formular nuevas cuestiones y poner en incertidumbre los sucesos dados por probados en el TSJ o la Audiencia Nacional, » realmente, tan solo discutir la valoración casuística de las circunstancias fácticas del caso».

En consecuencia, rechaza ambas posibilidades.Si el letrado del Estado pudiera personarse en la casación, una «tercera dificultad» que apunta «es no como recurrente, sino como recurrido», ya que si «Una tercera dificultad l letrado del Estado pudiera personarse en la casación no como recurrente, sino como recurrido», ya que si «se comprende parece que lógicamente tendrá que permitirsele comparecer como recurrido en casación si comprende lo opuesto, esto es, si estima que el auto es conforme a Derecho apunta: «Debe poder discutir el auto que estima opuesto a Derecho,». parece que lógicamente tendrá que permitirsele comparecer como recurrido en casación si comprende lo opuesto, si estima, esto es que el auto es conforme a Derecho, y por ende tiene interés en oponerse a un ocasional recurso».

Recomienda también constituir una parte nueva que se consagre específicamente a estos recursos, resaltando que de este modo se aportaría a la «uniformidad» en el estudio de los mismos, ya que actualmente los recursos son distribuidos en vista del órgano que emite el acto impugnado, «que puede variar según cada comunidad autónoma», «pues las medidas sanitarias atañidas pueden proceder de distintas consejerías».

Fuente: El Mundo

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