Por: SentiLecto

Foto: Wikipedia – TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA

El Tribunal Supremo, que tampoco admite el juzgado dirigirse a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para tratar la ejecución de la sentencia y pretender impedir la retirada del acta, rechazó la petición del ex numero tres de Podemos Alberto Rodríguez de suspender provisionalmente la sentencia que causó la pérdida de su escaño.

El Tribunal Supremo es el órgano judicial que se encuentra en la cúspide del poder judicial de España.

Meritxell Batet Lamaña es una jurista y política española, miembro del PSC, profesora de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra y actual presidenta del Congreso de los Diputados.

«La ley establece que declarada la firmeza de una sentencia ha de procederse a su ejecución», recuerda Sala Sobre esta petición de suspensión,. «Pese a la argumentación de la actuación del penado, las consecuencias extrapenales no tienen su causa en la ejecución de la sentencia, sino en el pronunciamiento de la condena».

Por lo tanto, que su pérdida del acta de diputado no es por la manera en que el Congreso interpretó el fallo, sino porque expresamente ese fallo establece su inhabilitación para cargo público -además del mes y medio de cárcel- por dar una patada a un policía durante una manifestación.

El Supremo recoge en su contestación a Rodríguez jurisprudencia del Tribunal Constitucional que rechaza la tesis del ex diputado y, al tiempo, habla de la «carga infamante» de haber sido condenado. Aunque una pena de cárcel no se ejecute, se trata de una sentencia de 1993 en que el TC indica que -como en el caso de Rodríguez, ya que una multa cambió a ella- TC Se trata de una sentencia de 1993 en que que, aunque una pena de cárcel no se ejecute -como en el caso de Rodríguez, ya que una multa cambió a ella- eso no supone indica: «La inhabilitación que le acompañaba desaparezca».

A su vez, para el presidente del Constitucional, el marco general fijado en los textos normativos aplicables brindaron suficiente certidumbre y seguridad jurídica a ciudadanos.

El martes 19 de octubre perplejidad e indignación en el Tribunal Supremo tras la determinación de la Mesa del Congreso de mantener al diputado de Podemos Alberto Rodríguez con su escaño a pesar de la condena impuesta por la Sala Segunda por haber propinado una patada a un agente de la autoridad durante una manifestación el 25 de enero de 2014, en la localidad de La Laguna, en contra de la denominada Ley Wert.

A lo sumo reproche social, es la causa determinante de que el así señalado sea excluido del procedimiento electoral», según esa sentencia del TC, la inhabilitación que afecta a los presos por Sentencia firme a una pena de cárcel «no está en función de la realización efectiva de la condena, que también se produce formalmente cuando se suspende, sino por ese pronunciamiento cuya carga infamante.

Cuando se trata de delitos de carácter sexual, dado el gran rechazo social que causa su comisión, por otra parte, detalla en este punto que es «especialmente importante el pedido de veracidad en la imputación «, y subraya que los demandados «no tenían necesidad de imputar al finado la comisión de un delito de violación para alegar en favor del nombramiento de doña Pilar como candidata».

El auto del Supremo está firmado por las siete juezas que han formado el juzgado que ha juzgado a Rodríguez, incluidos los dos que eligieron por su absolución.

La resolución recuerda que ha impuesto un mes y 15 días de cárcel por un delito de atentado a una gente de la autoridad, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo [ser candidato] durante el tiempo de la condena. Con respecto a las consecuencias «estrictamente penales», la pena de cárcel se cambió por una ya pagada, por lo que este aspecto la sentencia debe estimarse ejecutado. Por su parte, la pena de inhabilitación se encuentra aún pendiente de la correspondiente liquidación de condena. La Sala señala: «No procede, por consiguiente, la suspensión pedida».

Él/ella En cuanto a la petición de Rodríguez de que el Supremo se dirija a la presidenta del Congreso, indica: «»Se concretan las consecuencias extrapenales de la condena por quien resulta competente en ejercicio de sus propias competencias en el Entorno parlamentario por quien resulta competente en ejercicio de sus propias competencias en el Entorno parlamentario»».

A su proceso, las medidas adoptadas cumplen con el canon de proporcionalidad porque contestan al único fin de cuidar la salud y seguridad del grupo de la población, contener la progresión y expansión de la enfermedad y consolidar los servicios sanitarios y sociales. Asimismo, el plazo de seis meses de la prórroga resulta necesario, adecuado y proporcional para que la aplicación de las medidas pueda conseguir los efectos prácticos intentados, esto es, que sean realmente eficientes para conseguir el fin de salvaguardar la salud y la seguridad de los ciudadanos. Por otra parte, el sistema de cogobernanza diseñado por el Real decreto de alarma y autorizado por el Congreso se ajusta a la realidad competencial de nuestro Estado autonómico y a la propia realidad fáctica de la pandemia que pedía una aplicación distinguida por lugares y en el tiempo, de las medidas necesarias, ya que la gravedad de la pandemia no era la misma en cada Comunidad Autónoma ni cambiaba temporalmente de forma homogénea en toda la nación.

Recuerdan las juezas que las resoluciones de la Presidencia del Congreso «no son recurribles ante esta Sala, que carece de competencias para proceder a su revisión».

Adicionalmente, resalta que no corresponde a la Sala «instar o realizar advertencias a otras Instituciones o órganos del Estado -como expresamente se pide en el escrito presentado- acerca de la forma en que tienen que aplicar las leyes en sus respectivos Entornos de competencia».

«Los presos por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el tiempo que dure la pena»,que son «inelegibles» para cargo público, entre otros dispone Esa regla. Más adelante agrega que esa y el resto de causas para no ser elegible son también causa «de incompatibilidad». Esto último supone que al ser inhabilitado no solo no se puede ser candidato durante el tiempo de condena, sino que de forma ocurrida tampoco se puede seguir en el cargo electivo en el que ya se estaba. En el caso de Rodríguez, como diputado.

Fuente: El Mundo

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La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>El Supremo rechaza la petición de Alberto Rodríguez de suspender la condena que le ha expulsado del Congreso
>>>>>El TC, sobre el segundo estado de alarma: «Quedó cancelado el régimen de control del Congreso» – November 10, 2021 (El Mundo)
>>>>>La Justicia confirma la condena a Pablo Echenique a indemnizar con 80.000 euros a la familia de un asesinado al que acusó de violador – November 12, 2021 (El Mundo)

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