Por: SentiLecto

Foto: Wikipedia – Delcy Rodriguez June 2016 (27571633682) (cropped)

El Tribunal Supremo archivó este jueves la causa derivada de las demandas del Partido Laócrata y Vox por delito de prevaricación en contra del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, por la ingreso de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en lugar español en enero de este año, a pesar de la proscripción al respecto establecida por la UE. El alto juzgado enfatiza que el incumplimiento de las determinaciones de política exterior de la Unión Europea está sometido a control político, no a responsabilidad penal.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez es una letrada, diplomática, autoridad y política de Venezuela, que ejerció varios cargos durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El análisis del Supremo parte de los sucesos notorios de que Rodríguez ingresó en lugar de España en un avión Falcon en la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020 y ha permanecido unas horas en la salón VIP de la terminal ejecutiva del aeropuerto de Madrid-Barajas, estancia que ha implicado una vulneración de la expresa proscripción del Consejo de la UE de permitir su ingreso en el lugar de la Unión, establecida en las determinaciones PESC aprobada por mencionado Consejo relativas a la situación venezolanos.

El juzgado de justicia es un órgano público cuya propósito principal es ejercer la jurisdicción, por lo tanto, resolver juicios con efectividad de cosa juzgada, de cumplir otros actos que las leyes que los planean les puedan atribuir, los cuales forman parte de la jurisdicción voluntaria.

El Alto Tribunal enfatiza que al lugar de España el acceso fue producido desde el momento en que la aeronave ha sobrevolado espacio aéreo español, y que cuando el Falcon ha aterrizado en el Aeropuerto de Barajas, con absoluta independencia de la terminal a la que se dirigiese y de la área del aeropuerto por la que transitase, ya la vulneración del mandato emanado del Consejo era consumada. Adicionalmente, recuerda el auto, el Aeropuerto de Barajas está enclavado en lugar de España y sobre él ejercen soberanía las autoridades de España.

Pero una vez descartada cualquier incertidumbre acerca del suceso de que Delcy Rodríguez entró a lugar de España y ha vulnerado así la determinación PESC 2017/2074, aprobada por el Consejo de la Unión Europea, el Supremo rechaza que la acreditada falta de una determinación de política europea de seguridad común sea, por este simple suceso, constitutiva de un delito de prevaricación imputable a la autoridad nacional que haya, en su caso, consentido esa falta.

A su vez, la Audiencia le ha absuelto al estimar que no había prueba concluyente de su intervención directa en las representaciones más próximas a los atentados, pero estimó acreditada la integración del acusado en ETA.

Cuando era alcalde de Girona, el miércoles 11 de noviembre el Tribunal Supremo archivó, al no estimar delito, la exposición razonada remitida en contra del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por una representación municipal de los años 2013 y 2014 , consistente en el consentimiento de una transferencia de fondos del canon municipal del agua al pago de parte de una colección de arte para el Ayuntamiento gerundense.

El auto Así, expone: «»las obligaciones derivadas de las determinaciones PESC tienen una naturaleza esencialmente política». Su incumplimiento implica la vulneración de una obligación en el Entorno de la política exterior de la Unión Europea. El control de su vigencia y su fiscalización incumbe al propio Consejo».

Y en cualquier caso, subraya que «no incumbe» a la Sala de lo Penal del Supremo «el control de la realización de las obligaciones del Gobierno de España en torno a las determinaciones PESC. El carácter político de estas determinaciones es percibido con más nitidez, si cabe, a la vista de los arts. 24 del Tratado de la Unión Europea y el art. 275 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea», que «limitan inclusive la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de política exterior y de seguridad común».

En decisiva, indican las juezas, «sostener que cualquier vulneración por una autoridad de España de una determinación PESC ha de ser calificada como constitutiva de un delito de prevaricación sería opuesto a la propia naturaleza del mandato incumplido. Se trata de una obligación singular, no integrable en las obligaciones formales derivadas de la aplicación de estatutos, directivas, recomendaciones y dictámenes. Una obligación, en fin, de marcado carácter político cuyo incumplimiento no acepta otra responsabilidad que la que se dirime en ese Entorno».

Hace 4 meses, los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno han presentado un escrito a finales pidiendo a las juezas del Supremo que suspendiesen de modo inmediato el régimen de semilibertad aplicado o a todos los presos por sedición.

Jaime El auto también que prohibía el ingreso en lugar europeo de Dña. descarta: «Como sostenía Vox, los sucesos puedan ser calificados , como constitutivos de un delito de omisión del deber de favorecer la persecución de los delitos, «pues». que prohibía el ingreso en lugar europeo de Dña. ningún delito no sería cometido -como ya razonamos- por el incumplimiento de la determinación PESC que prohibía el ingreso en lugar europeo de Dña. Delcy Rodríguez».

Y tampoco admite la admisión a diligencia de la demanda para investigar un «inexistente» delito de usurpación de funciones, en el que se penaliza a la autoridad o funcionario público que «…careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución».

Por otro lado, la Sala enfatiza que el tratamiento jurídico-penal de los sucesos que fueron objeto de demanda «no puede hacerse depender del impacto político que generó su conocimiento público», ya que «la aplicación del derecho penal ha de agarrarse a los comienzos que legitiman su aplicación».

Si el acusado al realizar esas acciones, que vistas en sí mismas y extraídas de su contexto, son neutras, conocía, aunque sea genéricamente y sin detalles, salón informa: «A la sentencia de la Audiencia le falta informar » que se dirigían no a lograr reservas para gozar unos días en un hotel o exclusivamente a pasar unas semanas en Valencia, sino facilitar la perpetración de atentados del tipo de los en efecto producidos»».

Fuente: El Mundo

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Countries: Venezuela

La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>El Tribunal Supremo archiva causa en contra del ministro Ábalos por el ‘Delcygate’
>>>>>El Supremo anula la absolución de un etarra acusado de colocar bombas en hoteles de Alicante – (El Mundo)
>>>>>El Supremo decide este jueves si avala la concesión por el Govern del tercer grado a los presos del ‘procés’ – (EuropaPress)

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