Por: SentiLecto

Foto: Wikipedia – Toma de posesión del SGAJ 2018 (cropped)

El último recurso de la Abogacía del Estado para frenar la investigación respecto del 8-M no sólo critica a la juez instructora y a los investigadores de la Guardia Civil. Embiste especialmente en contra del forense del caso por sostener que las manifestaciones permitidas previas al estado de alarma han supuesto una «extensa difusión» del virus.

En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso EL MUNDO, firmado por la letrada del Estado del procés tras la destitución de Edmundo Bal, Rosa María Seonae, se califica la investigación de la instructora de Plaza de Castilla , Carmen Rodríguez-Medel, de «prospectiva» y se le acusa de «vulnerar las reglas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma». los servicios_jurídicos del Gobierno Sostienen: «La jueza abrió «una causa general» en contra del Ejecutivo de Pedro Sánchez».El avance del informe forense dado al Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid aludía al «seguro» contagio que ha supuesto la celebración del 8-M en la capital. «El Ejecutivo contaba con reportes que alertaban del peligro de aglomeraciones en los días previos al 8 de Marzo», sostiene el abarrotado de la Guardia_Civil Por su parte, que ha causado el cese fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos por parte del Ministerio de Interior.

El martes 19 de mayo el médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, donde se investigaba el probable alcance penal de las manifestaciones del 8-M, determinó que de haber se impedido esas manifestaciones una extensa difusión de la enfermedad sería impedida».

La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado es un órgano de la Administración General del Estado integrado en el Ministerio de Justicia de España, con nivel orgánico de Subsecretaría.

La Abogacía, que actúa en nombre del Gobierno y defiende al delegado del Gobierno en Madrid, acusa al forense de hacer afirmaciones sin «la más absoluta falta de sustento técnico» y basadas «en nada». En particular, se centra en la frase con la que el forense cerraba el reporte sobre los contagios por coronavirus, que mencionaba así: «Lo que sí es cierto y seguro es que de haber se impedido mencionadas manifestaciones una extensa difusión de la enfermedad sería impedida y de igual manera, de haberse prevenido a la población sobre el gran peligro de contagio para que los ciudadanos adoptasen medidas higiénicas necesarias para su protección en relación a la gravedad de la enfermedad».

Según la Abogacía, los reportes técnicos que cita el forense «no mencionan lo que asegura con semejante simplicidad», sino que distinguen diversos escenarios y diversas etapas y sólo recomienda evitar manifestaciones en ciertas circunstancias. «El forense señala nada de esto , para él no hay diferencia alguna».

Critica también que algo incontrovertido sea estimado algo» incontrovertido» que las manifestaciones previas al estado de alarma propagaran ampliamente la enfermedad. «Rechazamos la mayor. Esa afirmación no tiene ningún sustento investigador ni técnico y el forense no la razona, ni alega ni la respalda en ningún dato objetivo». el recurso Por el contrario, sostiene: «»los especialistas rechazan la importancia de un evento de los atributos de una manifestación » para la exposición al virus en Madrid, que para respaldar esa afirmación cita los 60 millones de pasajeros que ha tenido en el mes de febrero el metro de Madrid, lo que supone 15 millones en la semana previa al 8-M. «Personas que han compartido elementos comunes en un reducido espacio cerrado», resalta».

Al ejemplo del Metro agrega «toda la actividad docente, las oficinas, los juzgados eventos deportivos, culturales, políticos etc. que en su grupo conllevan la existencia de millones de contactos angostos y que hacen absolutamente residual el impacto que hubiese -sin que haya ninguna certidumbre- podido tener cualquiera de las manifestaciones festejadas hasta el día 9 de marzo». Los tribunales son los centros comerciales. Y termina: «¿ En qué la afirmación del forense es sustentada? Sencillamente en nada. Ni un solo dato, ni una sola alusión técnica».

La Abogacía no encuentra justificación a que la juez haya solicitado al forense que amplíe su reporte. «Sólo se informa por el afán de agotar todas las posibilidades de reabrir la investigación por el presunto delito de heridas imprudentes». Aunque la juez lo ha presentado como probable en el auto, este delito no surgía en la demanda inicial en el que ha puesto en marcha la causa. «José Manuel Franco sólo estaba imputado por prevaricación», ha precisado él/ella Luego. José Manuel Franco es el delegado del Gobierno. La Abogacía interpreta que la juez intenta reintroducir las heridas imprudentes para que puedan personarse demandas particulares y seguir adelante con la causa. De momento no las hay y ni la Abogacía ni la Fiscalía acusan, una circunstancia que de mantenerse llevaría al archivo del caso.

Asimismo, la jueza ha postergado al día 10 las declaraciones testificales del secretario general de la delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el jefe del gabinete del delegado del Gobierno, Luis María Sanz; y al director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.La jueza de la 8-M solicitó este lunes al Ministerio de Sanidad que contribuya a la Guardia Civil antes del próximo 1 de junio dos reportes emitidos por su departamento en los días previos a la multitudinaria manifestación del Día de la Mujer. La juez Carmen Rodríguez-Medel, que investiga si el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha cometido un delito de prevaricación al permitir la convocatoria, pidió los siguientes documentos a ministerio que dirige Salvador Illa.

Manuel Franco ha sido un político y letrado paraguayo, presidente de su nación entre 1916 y 1919.

El recurso ataca también otros aspectos de la causa. Entre ellos la indefensión en la que se encuentra el delegado del Gobierno por varias causas: porque no se concreta con claridad qué representación u omisión suya sería la prevaricadora y por la determinación de la juez de seguir adelante pese a que los recursos en contra de sus determinaciones no se están gestionando por la situación de servicios mínimos. La Abogacía estima «inadmisible» la urgencia con la que se está reclamando documentos a la Administración, que no permiten cumplir adecuadamente con lo pedido.

El escrito firmado por Rosa Seoane, letrada jefe de Penal, pide que la citación de Franco sea revocada para declarar como investigado o, en su defecto, que se postergue. Hace 1 día, la juez entró a esto último y ha fijado su comparecencia en el juzgado ara el día 10.

Fuente: El Mundo

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>La Abogacía ataca también al forense y asegura que el contagio en el 8-M ha sido «absolutamente residual»
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