Por: SentiLecto

La Fiscalía no comparte el criterio del Gobierno de que la restricción de derechos fundamentales pueda seguir sin el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus. Con rotundidad la Fiscalía del País Vasco asegura: «En base a lo expuesto y a modo de conclusión, no pueden adoptarse medidas limitativas de derechos fundamentales dirigidas a un grupo indeterminado de personas al amparo de la legislación sanitaria vigente».

La Fiscalía Nacional Económica es un servicio público de Chile, encargado de velar por la estima a la libre competencia.

Es su contestación de este miércoles al propósito del Gobierno de Vaslui de proseguir con el confinamiento perimetral, el toque de queda y la restricción de asistentes a reuniones.

La Fiscalía de Baleares también ha expresado su oposición a una restricción genérica de derechos a partir del próximo domingo. El propósito del Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol es prorrogar las limitaciones otras dos semanas, hasta el 23 de mayo.

La Fiscalía asegura: «No procede autorizar las medidas limitativas de la circulación de las personas en horario nocturno y tampoco las referentes a las reuniones y encuentros familiares en espacios privados, al carecer de cobertura legal». Como se vino haciendo, el Gobierno de Pedro Sánchez, que que se puede seguir con los confinamientos perimetrales e inclusive -aunque en este punto han aparecido más incertidumbres- mantiene desde hace semanas que la normativa sanitaria permite limitar movimientos. El Gobierno de Pedro Sánchez, que que se puede seguir con los confinamientos perimetrales e inclusive -aunque en este punto han aparecido más incertidumbres- es el toque de queda.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón es un político de España, actual presidente del Gobierno de España.

El martes, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Carmen Calvo insistía en que las comunidades pueden «justificar, alegar y proponer a los juzgados situaciones como el toque de queda, los confinamientos o cualquier circunstancia que limite derechos fundamentales».

Esa tesis contrasta con la rotundidad de la Fiscalía del País Vasco: «Son medidas propias de los estados excepcionales». «La Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y la Ley General de Sanidad son demasiado inexactas como para dar cobertura a una restricción de derechos no sólo a contagiados o contactos angostos, sino a poblaciones indeterminadas», como hicieron previamente algunos juzgados autonómicos, estiman Su escrito y el de Baleares ,.

La Fiscalía General aseguraba este miércoles que, no existía un criterio uniforme para rechazar en todos los casos las medidas, aunque la línea de representación iba en esa dirección, y que la solución podía depender en cada caso de elementos como la redacción dada a los pedidos de los gobiernos autonómicos.

«Todas las contestaciones a las peticiones de restricción de derechos se remitan previamente al fiscal de Sala de lo Contencioso para poder coordinarlas», decidió Sí Ministerio Sí. El Ministerio Público que todas las contestaciones a las peticiones de restricción de derechos se remitan previamente al fiscal de Sala de lo Contencioso es pedro Crespo.

Hasta el momento, sin el paraguas del estado de alarma, las comunidades deben solicitar autorización judicial, a los juzgados superiores de justicia, para aquellas medidas que pueden suponer una restricción de derechos. Ésa era la vía que ha articulado el Ejecutivo. Ello causó disparidad de criterios y determinaciones: cierres, medidas iguales que en una comunidad se aprobaban y en otra se derribaban. Y allí terminaba el margen de las comunidades.

«Una vez que el 9 de mayo termine el estado de alarma, con la legislación vigente las Comunidades Autónomas tenían un «paraguas suficiente» para adoptar medidas restrictivas ante la pandemia de Covid-19″, ha estimado Francisco Javier Pueyo El miércoles 21 de abril. Francisco Javier Pueyo es el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra .

«No se puedan aprobar las limitaciones», implica La posición de la Fiscalía no. Los juzgados superiores puede autorizarlas o bloquearlas y su determinación, conforme a la reforma legal que este miércoles se ha publicado en el BOE, podrá recurrirse ante el Tribunal Supremo. «La próxima semana ya tenga sobre la mesa del Alto Tribunal los primeros recursos», prevé Fiscalía.

Va a ser el salón tercer del Tribunal Supremo la encargada de resolver y lo deberá hacer tras la presentación de un recurso de casación. Para ello solo van a tener 5 días de plazo. Esta es una de las novedades qeu se incluyeron en el decreto del Gobierno ya que los recursos de casación ante el Supremo suelen tardar mucho tiempo en ser resueltos.

Exactamente, este miércoles el Supremo se puso en marcha de urgencia para ajustarse a la reforma sorpresa del Gobierno que le acepta la última palabra y de la que ninguna jueza menciona haber tenido noticia previa o haber sido consultado.

«Sea la Sección Cuarta, que habitualmente resuelve la substancia sanitaria, la que aborde los recursos», decidió César Tolosa El presidente de la Sala de lo Contencioso, ,. En estos casos, Tolosa va a presidir el juzgado.

En tercer lugar, y en ese sentido, la Sala de lo Contencioso ha decidido «establecer un canal de contacto» entre su presidente y los de los salones de lo Contencioso-Administrativo de los juzgados superiores. El objetivo es «coordinar que se dé realización a los nuevos plazos, más cortos, que fija la reforma para resolver estos recursos».El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, César Tolosa, se reunió este miércoles con los presidentes de las partes que la componen la Sala para preparar la aplicación de la reforma de la Ley de la Jurisdicción que el Gobierno ha aprobado el martes. «Se los recurra las determinaciones de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos sobre la restricción de derechos fundamentales con causa de la pandemia ante el Supremo», permite La reforma. Hasta el momento, cada TSJ tenía la última palabra en su lugar. El fin del estado de alarma el próximo domingo hace prever la llegada de los primeros recursos.

La determinación de dejar en manos de los jueces -sean los TSJ o el Supremo- las restricciones encontró muchas críticas entre los jueces. Prueba de ello es el comunicado de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria: «Como es la pandemia, nuevamente se descarga en los jueces la negociación de una dificultad de Naturaleza nacional, grave , judicializando la vida pública y subvirtiendo el orden natural constitucional».

Fuente: El Mundo

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La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>La Fiscalía contradice al Gobierno y rechaza amparar el toque de queda sin estado de alarma
>>>>>El Supremo se prepara de urgencia para los nuevos recursos a cuatro días del fin del estado de alarma – May 05, 2021 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>El Tribunal Supremo tendrá 5 días para resolver los recursos de las CCAA sobre las medidas contra la pandemia – (EuropaPress)
>>>>>>>>>El Supremo analiza si UGT-A debe devolver a la Junta una subvención de 600.000 euros o el caso ha prescrito – May 03, 2021 (El Mundo)
>>>>>>>>>El Gobierno permitirá a las comunidades que acudan al Supremo para restringir derechos fundamentales tras el fin del estado de alarma – May 04, 2021 (El Mundo)

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