Por: SentiLecto

La Generalitat ampara la negativa del director del institución Lacetània de Manresa a implantar un 25% de horas lectivas en castellano en su escuela en realización de la sentencia del Tribunal Supremo, para atender la petición del papá de una de sus estudiantes.

Una institución pública manchego se ha convertido en el primer caso conocido y documentado de un centro escolar de Cataluña que, siguiendo las directrices de la Generalitat, se rechaza formalmente a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que

«Los proyectos educativos no pueden ser modificados por el simple suceso de que una familia lo solicite», después de que EL MUNDO revelara, ha defendido el Departamento de Educación que el máximo responsable del centro educativo había rechazado la instancia de una familia para que diese adecuado realización al fallo del Alto Tribunal.

Hace 2 meses, desde que el Supremo rechazase el recurso de la Generalitat en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que fijaba un %25 de horas en castellano en todas las escuelas, el Govern copia el argumento que viene usando y dedicara, así, esta cuota obligatoria de español. No obstante, argumenta el Departamento de Educación que el director del institución Lacetània, Francesc Delis, «no está desobedeciendo ninguna sentencia» porque el papá que pidió la enseñanza bilingüe para su hija no ha seguido los cauces frecuentes para hacerlo, esto es, cursar una petición a la Consejería de Educación y «judicializar» el caso en el supuesto de que la contestación sea negativa.

La familia demandante ha presentado directamente en la escuela una instancia en la que constataba que «el colegio no cumple con la sentencia del Tribunal Supremo que sentencia un 25% de horas en castellano» y pedía que pasase a hacerlo, contribuyendo como documento para sustentar su reclamación el propio fallo judicial.

A su vez, tras semanas de diálogos, el propio Salvador Illa confirmó al Ejecutivo catalán su participación en la primera reunión de esta mesa lingüística, que tendrá lugar en febrero y que se va a ir reuniendo periódicamente a lo largo del año con el objetivo de iluminar un acuerdo para aumentar el empleo del catalán en todas las esferas de la vida pública, incluida la Educación, a finales de 2022.

El director del centro -que declinó atender a este diario-respondió que «la institución sigue las indicaciones que el Departamento de Educación marca al respecto. Por eso resuelvo seguir con los criterios lingüísticos hasta el momento aplicados en el centro».

Ante la primera negativa conocida y documentada de una escuela de Cataluña a cumplir con el 25% de castellano tras la sentencia, el líder del PP, Pablo Casado, ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pida su realización y, «si hay rebeldía por parte de la Generalitat», que aplique el artículo 155 de la Constitución para asumir las competencias educativas en Cataluña y ejecutar el fallo judicial.

«Es muy preocupante no que una institución sea declarado en rebeldía a una sentencia, sino que el consejero de Educación y el presidente de la Generalitat se hayan declarado en rebeldía ante la sentencia y el Gobierno lo permita», asevera el jefe de hileras de los populares.

En la misma línea, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Nacho Martín Blanco, estima que «es intolerable que la Generalitat se dé orden a los centros de no acatar una sentencia judicial consolidada». «Esto sólo puede darse en una comunidad autónoma donde la ley es papel mojado porque la Generalitat así lo intenta. El Gobierno d España no puede seguir viendo hacia otro lado», comunica.

«Que no se dé realización a una sentencia judicial es una aberración democrática de primer nivel, pero lo realmente grave es que estamos ante un director de un centro educativo que está yendo contra los intereses de sus estudiantes. No puede ser admitido. Un director tiene que trabajar para una mayor calidad educativa en su centro. Y, al final, lo que está pasando en Cataluña es que las familias han tenido que reaccionar ante su propio Gobierno. Lo único que están pidiendo es la realización de una ley educativa que su Gobierno ha acordado empobrecer. Es el mayor disparo al pie que puede hacer cualquier Gobierno. Ir contra una mayor calidad educativa», reflexiona Eva Parera Valents. Eva Parera es líder de la nueva formación constitucionalista de Cataluña.

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Fuente: El Mundo

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La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>La Generalitat ampara al director de la institución que rechaza aplicar la sentencia del 25% de castellano
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