Por: SentiLecto

«Las medidas son «idóneas» para la protección de la salud y «necesarias» a causa de la constatación de que la pandemia genera una situación de «amenaza actual y real» para la ciudadanía, da el visto bueno a las medidas preventivas adoptadas por la Xunta tras la finalización del estado de alarma, incluidos el toque de queda a las 23.00 horas y el cierre perimetral en los cinco ayuntamientos que presentan un nivel máximo de alerta sanitaria por su mayor incidencia de la Covid-19, con una incidencia acopiada a 14 días superior a 500 por cada 100.000 habitantes», estima el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que el alto juzgado de Galle, en un auto emitido este miércoles,.

El portavoz del Gobierno Elías Bendodo criticó este martes que en el mismo día se hayan conocido «dos resoluciones diferentes» de los juzgados y eso ha sucedido porque el Gobierno presidido por Pedro Sánchez «ha subcontratado la negociación de la pandemia». Elías Bendodo es andaluz.

«Una vez que el 9 de mayo termine el estado de alarma, con la legislación vigente las Comunidades Autónomas tenían un «paraguas suficiente» para adoptar medidas restrictivas ante la pandemia de Covid-19″, ha estimado Francisco Javier Pueyo El miércoles 21 de abril. Francisco Javier Pueyo es el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra .

La parte tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG ratifica medidas como la proscripción de reuniones entre no convivientes en casas entre la una y las seis de la madrugada en toda la comunidad autónoma o las restricciones de los encuentros en hostelería y en el Entorno privado a un máximo de cuatro personas en espacios interiores y de seis en exteriores, excepto los convivientes.

Uno de los aspectos más controversial era la proscripción de encuentros durante la madrugada, que el juzgado observa justificado por la existencia de «una situación real de peligro de contagio», pues estiman que normalmente, en esa franja horaria las reuniones de personas «se desarrollan en el Entorno de los vínculos sociales, en las que es habitual la relajación de las medidas de distanciamiento social, empleo de mascarillas, etc.».

Los jueces creen que esta medida de madrugada «no tiene un impacto significativo en el derecho de reunión» y que los límites aprobados para los cinco municipios con mayor incidencia no tienen «un impacto limitativo de derechos fundamentales que pueda estimarse desproporcionado y que pida elegir entre otras alternativas menos gravosas».

Ellos/ellas A su vez, respecto a la restricción de ingreso y salida de las islas que estén en nivel 3 y 4, y contienen una cláusula de cierre. ven: «Las excepciones contenidas no están lo suficientemente instadas». y contienen una cláusula de cierre. «Es el parecer mayoritario del salón que debe rechazarse a su confirmación por estimar no suficientemente justificada la afectación negativa de los derechos fundamentales recogidos en los artículos 14, 17 y 19 de la Constitución», recoge el Auto.

La Constitución En el caso del cierre perimetral de esos cinco ayuntamientos, informa: «Buscan mantener un control sobre la población de los municipios afectados, impidiendo que con sus traslados a otras localidades las personas que puedan estar infectadas asintomáticas transmitan el virus, del mismo modo que se trata de impedir el contagio a personas que puedan entrar a mencionadas localidades»». Es una medida «válida y adecuada».

Las juezas cuestionan a la Xunta por la «carencia de datos» que les ha brindado, pero secundan igualmente las medidas en el momento actual de transición tras el cese del estado de alarma, y también porque las medidas tienen un Entorno geográfico limitado y un Entorno temporal también limitado, hasta el día 21 de mayo, con obligación de revisión.

El TSXG sostiene en la resolución que la ley «sí ampara la adopción de las medidas limitativas de derechos fundamentales por parte de las comunidades autónomas» y que la normativa estatal las habilita «para adoptar medidas sanitarias preventivas con las que puedan hacer frente a situaciones de grave peligro en contra de la salud pública».

Los jueces, en este caso, al igual que en resoluciones anteriores, aplican la Ley Orgánica 3/1986, que recoge «unas escasas, pero suficientes, precauciones sobre las medidas especiales en materia de salud pública que pueden adoptar las autoridades sanitarias de las distintas administraciones públicas al objeto de cuidar la salud pública y advertir su pérdida o desgaste, dentro del Entorno de sus competencias, cuando así lo pidan causas sanitarias de urgencia o necesidad». «La Xunta es competente para tomar medidas limitativas de derechos fundamentales a efectos de cuidar la salud pública», estima TSXG Por ello,. Bajo ese amparo normativo, los jueces centran el análisis de los pedidos de confirmación de esas restricciones en el «proceso de necesidad, adecuación, razonabilidad y proporcionalidad de las medidas». En contra del auto dictado hoy cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Tras un primer análisis, el Gobierno liderado por Ángel Víctor Torres interpretó que las medidas antiCOVID publicadas este viernes en el Boletín Oficial de Canarias pueden seguir teniendo vigencia a causa de que el auto no es firme y por tanto su contenido puede ser revisado por el Supremo. La administración autonómica matizó que adoptaría de inmediato las determinaciones que en ese caso fuesen procedentes, si no fuese así.

El Tribunal Supremo es el órgano judicial que se encuentra en la cúspide del poder judicial de España.

Fuente: El Mundo

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