Por: SentiLecto

El Gobierno delega en la justicia y la justicia en el Gobierno. Con los políticos catalanes en pie de guerra, nadie quiere dar el primer paso para garantizar un 25% de castellano en las escuelas catalanas. El Ministerio de Educación, que Ministerio de Educación menciona: «No actúa de profesión». y que debe ser el Ejecutivo central el que haga cumplir la resolución judicial, ya que es el único personado a través de la Abogacía del Estado, dimitió este miércoles a instar a la ejecución de la sentencia y ha dejado esta tarea en manos de los jueces.

El Gobierno no va a instar a la Generalitat ala realización del fallo judicial que obliga a poner al menos un 25% de clases en castellano en los colegios de Cataluña. Fuentes del Ministerio de Educación han informado a EL MUNDO que «es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien debe velar por la realización de las sentencias».

Hace 21 días, la Generalitat impulsaba una estrategia de colisión para garantizar la realización estricta de la inmersión lingüística en los colegios tras constatar que el empleo del catalán entre los estudiantes y los profesores ha bajado en los últimos 15 años a pesar de las imposiciones dictadas por el Govern, el jueves 04 de noviembre.

Un día después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso de la Generalitat de Cataluña en contra de la sentencia del TSJC que obliga a modificar todo su modelo de inmersión lingüística, es que no será fácil que el Govern la acate, si algo quedó claro. En los próximos dos meses serán cruciales todos los guiños y movimientos que haga el Gobierno.

Los nacionalistas van a interpretar que apoya su modelo, que apuesta por no poner porcentajes fijos sino dejar que cada colegio haga lo que estime, si no insta a la ejecución de la sentencia. La Generalitat lo va a interpretar como una declaración de guerra, si insta.

Así que todo apunta a que la ministra de Educación, Pilar Alegría, no meteráse en peleas y deberán ser las familias, una vez más, las que asuman una responsabilidad que les causa un enorme deterioro.

Este miércoles fuentes del equipo de Alegría, que han apelado al artículo 103.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que «la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los juzgados». han señalado: «No corresponde al Ministerio hacer cumplir las sentencias, es el TSJC quien debe hacerlo».

Pero fuentes del TSJC anticiparon, por su parte, que no van a ir fiscalizando que se cumpla la sentencia porque estiman que ya lo hicieron. Mencionan que ellos no actúan de profesión: quienes deben poner_de_manifiesto el incumplimiento de la Generalitat son las partes personadas. En este caso, la única parte es el Gobierno, pues Hace 6 años, cuando gobernaba el PP, la Abogacía del Estado ha interpuesto un recurso, en representación del Ministerio.

Por su parte, Plataforma per la Llengua estima que esta obligación a las escuelas de impartir un 25% de horas lectivas en castellano es «opuesto a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en la forma en que la ha ratificado el Estado, que se comprometió a hacer probable una educación en las lenguas regionales y minoritarias».

¿Y las familias no pueden hacer nada? Los papás que se sientan afectados podrían hacer una petición, contestan las fuentes judiciales, pero deberían justificar y alegar que observan vulnerados sus derechos y el TSJC tendría que aceptarlo. El balón está, por tanto, en el tejado del Gobierno.

Fuentes de Educación y del TSJC coinciden en que el proceso es que el Tribunal Supremo va a comunicar al TSJC la inadmisión del recurso y le va a devolver el expediente completo. Una vez recibido, el TSJC deberá redactar una providencia de devenir firme, en la que se detalla que la sentencia se ha convertido en ejecutable.

Después tiene 10 días para comunicarle a la Generalitat que la sentencia es firme, «a fin de que, una vez acusado recibo de la comunicación en idéntico plazo desde la recepción, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que pida la realización de las declaraciones contenidas en el fallo y en el mismo plazo indique el órgano responsable de la realización de aquél».

Desde ese momento, la Generalitat puede solicitar más aclaraciones al TSJC. Puede llamar al orden al Govern, si el juzgado estima que la Administración autonómica dilata demasiado el procedimiento o hace demasiadas consultas para ganar tiempo.

Ha comunicado la Generalitat la creación de una fortuna de comisariados lingüísticos «con acompañamiento de la inspección». Grupos formados por «una persona del equipo directivo y profesorado de diferentes fases» que podrán realizar esos comentarios dentro de las aulas o en los «puntos débiles» de empleo del catalán, como patios o extraescolares.

El artículo 104 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa manifiesta también que, transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia, «cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa». Allí es donde ingresaría el Gobierno, según el TSJC.

Pero en el Ministerio aseguran que los jueces sí pueden actuar de profesión e investigar penalmente por un supuesto delito de desobediencia al consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray. Por eso confían en que el conseller termine acatando. «El Gobierno no tiene incertidumbre de que las administraciones del Estado siempre cumplen con las sentencias judiciales», recalcan.

El Ministerio trabaja sobre el escenario de que la Generalitat cumpla y modifique todo su modelo lingüístico para poner más castellano en todos los centros educativos de Cataluña, a pesar de que Cambray Hace 1 día, ha dejado claro que no iban a acatar la resolución judicial. De hecho, hace unos días pusieron en marcha una estrategia que exactamente va en la línea opuesto: poner más catalán en los colegios. «El Gobierno no tiene la menor incertidumbre de que las administraciones del Estado siempre cumplen con las sentencias judiciales», aventuran en el equipo de Alegría.

El propio Cambray ha llamado la noche del martes a Alegría para mostrarle su «inquietud» por la providencia del Supremo que ratifica la determinación a la que ha llegado hace un año el TSJC. La ministra «le informó que no corresponde al Ministerio hacer cumplir las sentencias».

Este miércoles, Cambray ha revelado el contenido de ese diálogo y ha presumido de tener «garantías» de que el Gobierno no va a interferir en el procedimiento e «va a instar a cumplir la Lomloe, que no habla de porcentajes», señalando el plan que tendría previsto seguir el Ejecutivo para permitir que el Govern pueda seguir imponiendo la inmersión, comunica Víctor Mondelo.

La pretensión es «regresar al escenario de la LOE socialista», informa el diputado Sergi Miquel, para quien no es garantía de nada el compromiso de Alegría de no pedir cambios en la realidad educativa catalana. El PDeCAT espera que JxCat Cup respalde su iniciativa e inclusive los diputados del PSC. JxCat es erc.

Fuente: El Mundo

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La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>Los jueces corrigen a Educación: corresponde al Gobierno solicitar que se cumpla la sentencia del 25% de castellano en Cataluña
>>>>>El Gobierno de Sánchez no instará a la Generalitat al cumplimiento del 25% de castellano en los colegios catalanes – November 24, 2021 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>El Tribunal Supremo consagra la obligación del 25% de clases en castellano – November 23, 2021 (El Mundo)
>>>>>>>>>La Generalitat de Cataluña ordena a los directores espiar a profesores que hablan en castellano: «Os daremos herramientas para entrar en las aulas» – November 24, 2021 (El Mundo)

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