Por: SentiLecto

Foto: Wikipedia – Fiscalia Superior de Catalunya 02

Aviso a navegantes. Fiscalía de Cataluña estima: «»únicamente puede incurrir en un delito de desobediencia quien está llamado a cumplir el mandato judicial» y el caso de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que insta a cumplir en las aulas la aplicación de un mínimo del 25% de las substancias en castellano son «los respectivos directores o directoras de los centros en los que la cuestión pudiera suscitarse»».

La Fiscalía de Cataluña o Fiscalía Superior de Cataluña es el órgano del poder judicial que ejerce la jefatura y actuación del Ministerio Fiscal en la comunidad autónoma de Cataluña .

En un decreto en el que archiva varias demandas en contra del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y Josep Gonzàlez-Cambray por comunicar que van a mantener el modelo de inmersión lingüística en las escuelas, Francisco Bañeres estima que ninguno de ellos realizó «ninguna acción» para desobedecer a la justicia. Francisco Bañeres es el fiscal superior de Cataluña. Josep Gonzàlez-Cambray es el conseller de Educación.

Francisco Bañeres Santos es un jurista y fiscal español, fiscal superior de Cataluña desde 2018.

No obstante, el escrito de la Fiscalía sobresale que la Ley de Educación vigente en Cataluña señala que los responsables de la «implementación, ejecución, alteración y adaptación del correspondiente proyecto lingüístico» en los centros educativos son los directores y no «ninguno de los denunciados», en alusión a los cargos públicos.

El fiscal En este sentido, derivados de la sentencia del TSJC. señala: «Esta responsabilidad de aplicar el modelo lingüístico educativo puede conllevar una responsabilidad penal a «demás autoridades que en el futuro puedan observarse comprometidas por el deber de atender los concretos pedidos judiciales»». derivados de la sentencia del TSJC.

El fiscal Sobre los directores de los centros, recuerda: «»los términos de la sentencia del TSJC son suficientemente claros y manifiestos». El mandato que la misma contiene es perfectamente comprensible por sus destinatarios, los cuales quedan obligados en los términos previstos en el artículo 118 de la Constitución, así como a arrostrar la responsabilidad de una ocasional desatención». La Fiscalía Superior de Cataluña, que por eso, archiva las demandas presentadas por la Asamblea por una Escuela Bilingüe , Hablamos Español, el sindicato Manos Limpias y un particular en contra de Aragonès y Gonzàlez-Cambray por, supuestamente, no acatar la sentencia que obliga a que el 25% de horas lectivas sean en castellano, sostiene que, más allá de las declaraciones públicas, no consta que el Govern haya «dictado orden o instrucción concreta con efectividad en el plano administrativo tendente al desacato» de la sentencia del TSJC que impone el 25% de castellano en las escuelas.

También el acoso es señalado que la Fiscalía de Barcelona investiga si que padecieron los papás de un estudiante del escuela Turó de Drac, en Canet de Mar que solicitaron a la Conselleria aplicar la sentencia del TSJC sobre el %25 de castellano de modo cautelar, puede estimar se delito de instigación al odio pero que en ningún caso afecta a los cargos de la Generalitat.

Cerco al Govern por discriminar a agentes de la Guardia Civil y de la Policía dedicados en Cataluña al postergar su vacunación por covid respecto a otros cuerpos policiales. La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admitir una demanda presentada por varias asociaciones y sindicatos de Policía y Guardia Civil en contra de la ex consellera de Salut y actual diputada en el ERC Alba Vergès y el que era director del Servei Català de la Salut Adrià Comella por los delitos de prevaricación administrativa, en contra de los derechos de los trabajadores y en contra de los derechos fundamentales por instigación al odio y a las garantías constitucionales.

El martes 04 de enero nuevo paso de la Generalitat dentro de su defensa cerrada a la inmersión lingüística para no aplicar las resoluciones judiciales. El Govern decidió poner disposición de los profesores y equipo directivo de cada centro educativo los servicios de asesoramiento, actuación y defensa jurídica de la administración autonómica ante cualquier causa que termine en los tribunales por no acatat la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establecía la obligatoriedad de brindar un mínimo del 25% de la enseñanza en castellano en las escuelas catalanas.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña ha denunciado en diciembre las reacciones en las redes sociales en contra de la familia que pidió la escolarización bilingüe en Canet y ahora la Fiscalía lo estima «despreciables actos de linchamiento moral y atentado en contra de la seguridad personal y familiar» y decide que lleve la investigación la Sección en contra de Delitos de odio y Discriminación del Ministerio Público en Barcelona.

Él/ella Sobre Aragonès y Gonzàlez-Cambray, , no rompen ni colisionan con los derechos a la seguridad personal y familiar e integridad moral» de estos papás que solicitaron el 25% de castellano en las aulas. recuerda: «, por ahora, sus manifestaciones públicas, «en ejercicio de su libertad de expresión en el Entorno de la acción política». no rompen ni colisionan con los derechos a la seguridad personal y familiar e integridad moral» de estos papás que solicitaron el 25% de castellano en las aulas. Adicionalmente, remarca que se han limitado a «criticar una resolución judicial cuyo contenido no comparten», pero no realizaron «una acción concreta» para no atender la determinación del TSJC.

El fiscal, que como pasa ahora, cree innecesario acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y como argumenta la Generalitat. como se fue haciendo hasta la fecha por la administración pedida, señala: «Por consiguiente, el contenido del fallo, de escasa dificultad para su debido entendimiento no ya por un docente sino por cualquier persona, tiene que ser de aplicación a todos cuantos ciudadanos pudieran pedirlo y ello sin necesidad de obligar a los interesados en cada caso concreto a recabar el socorro de los juzgados de justicia».

«Se incorpore a la causa la sentencia del salón contencioso administrativa del TSJC que estimó a principios de diciembre que la Generalitat ha discriminado a agentes de la Policía Nacional y Guardias Civil respecto a Mossos d’Esquadra y policías locales en la administración de la vacuna frente al covid», pidió El fiscal ambién. El juzgado calculó el recurso del sindicado Jupol y de la organización Jucil en contra del Departament de Salut de la Generalitat por su plan de vacunación, ya que estimaban que se anteponía a los agentes de los cuerpos autonómico y municipales antes que al resto de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado dedicadas en Cataluña.

Fuente: El Mundo

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La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>Si desobedecen, fiscalía los directores de centros pueden delinquir y no aplican el 25% de castellano recuerda: «»únicamente»». si desobedecen, los directores de centros pueden delinquir y no aplican el 25% de castellano
>>>>>La Fiscalía pide investigar a responsables de Salut por discriminar con la vacunación de Policía y Guardia Civil en Cataluña – January 28, 2022 (El Mundo)

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