Por: SentiLecto

Foto: Wikipedia – President Maduro’s approval rating

El presidente venezolano Nicolás Maduro, y las Naciones Unidas de su gabinete han acusado este miércoles a otros miembros de perpetrar crímenes en contra de la humanidad.

Nicolás Maduro Moros es un político, diplomático y dirigente sindical venezolano que ejerció como ministro de vínculos exteriores entre 2006 y 2012, como vicepresidente de la nación desde 2012 al 2013 y presidente de Venezuela durante el tiempo 2013-2019[3]​ y el tiempo presidencial 2019-2025,[4]​[5]​ este último con reconocimiento parcial de su mandato.

Según una investigación elaborada para el Consejo de Derechos Humanos de la organización, las autoridades de Venezuela han dado ayuda elemental para llevar a cabo ejecuciones injustificadas y el empleo sistemático de la tortura desde 2014.

El reporte de 443 páginas señala como responsables directos de estos crímenes a Maduro, así como también a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; y a los ministros de Interior y Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino López, respectivamente, entre otros altos funcionarios.

Jorge Arreaza en Twitter y procede de «una misión fantasma dirigida en contra de Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington». mencionó: «El reporte está «plagado de falacias»». y procede de «una misión fantasma dirigida en contra de Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington». Jorge Arreaza es el canciller de Venezuela.

A su vez, el año pasado, Jorge Valero, embajador venezolano ante la ONU en Ginebra ha criticado la investigación, calificándola como una «iniciativa hostil», y mencionó que su nación no tenía propósito de cooperar con la misión.

«Esperamos que el gobierno venezolano lea el reporte y tome en serio recomendaciones que hacemos en él. Tienen que responsabilizarse», le menciona a BBC Mundo la jurista Marta Valiñas, presidenta de la misión al frente de la investigación, según el derecho internacional y de acuerdo con la misma legislación local, el Estado de Venezuela es el principal responsable de estos crímenes y sus autores.

Añade: «Este tipo de violaciones deben terminar y las víctimas de estos crímenes tendrían que recibir reparaciones».

Pero más allá de las recomendaciones que brinda el reporte, especialistas hablan de sus probables consecuencias.

Marco Roscini en Londres, informa que hay tres probables escenarios tras las publicación del reporte. Marco Roscini es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Westminster.

El primero de ellos es que se involucre la Corte Penal Internacional en La Haya , que juzga casos de exterminio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. «Este reporte habla de crímenes de lesa humanidad de varios niveles: ejecuciones extrajudiciales, detenciones injustificadas, torturas, etc. Son crímenes que la CPI, que primero suele llevar a cabo investigaciones preliminares, que en el caso venezolano ya empezaron en febrero de 2018, puede juzgar. Pero deben ser crímenes graves. Es poco posible que la CPI admita juzgar un caso de tortura o dos», le menciona el jurista a BBC Mundo. El objetivo de este tipo de búsquedas es determinar si la CPI tiene que proceder a realizar una investigación completa.

Francisco Cox, miembro de la Comisión ha asegurado: «Detenciones injustificadas, desapariciones a corto plazo y torturas se han dirigido en contra de la población civil como parte de una política para acallar la oposición al Gobierno de Maduro».

La Corte Penal Internacional es un juzgado de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de exterminio, de guerra, de ataque y de lesa humanidad.

Si los investigadores recogen pruebas de crímenes lo suficientemente graves, roscini informa: «Luego de casos donde los crímenes de lesa humanidad son una política de Estado y la tortura se usa como herramienta política y no como situación individual, se abre un caso».

Los investigadores de la CPI llevan a cabo sus propias búsquedas, aunque este tipo de reportes pueden ayudar a recoger evidencia.

Y como miembro de la CPI, Venezuela tiene la obligación de cooperar con el caso.

En el largo plazo, el reporte de la ONU va a tener consecuencias para Maduro, Cabello y los demás funcionarios involucrados, según el profesor de la Universidad de Westminster.

«Existe lo que se conoce como la jurisdicción universal, cuando se trata de crímenes tan graves también. Si se encuentran en otra nación, de acuerdo con el derecho internacional, cualquier juzgado en el mundo podría comenzar investigaciones y enjuiciamientos contra estas personas, inclusive y si el delito ha sido cometido en el extranjero».

«Corren el peligro de ser detenidos, si trasladarse a estas naciones en donde tienen un procedimiento abierto», implica Esto.

Pero Roscini enfatiza que cuando tienen al imputado bajo custodia, normalmente esto solo sucede.

«Mencionemos que si Maduro trasladarse la próxima semana a una nación que admite el comienzo de jurisdicción universal, en teoría podría ser detenido en cuanto aterrice, si así lo acuerda un juzgado o un fiscal. La dificultad es que Maduro es un presidente en ejercicio, por consiguiente tiene inmunidad presidencial».

«Sin embargo, después de que deje el cargo, si alguna vez lo hace, entonces podría ser enjuiciado en otra nación del mundo por un juzgado nacional por los crímenes de lesa humanidad que cuando era presidente, ha cometido», prosigue.

Un tercer escenario es que no se abra un caso contra las personas implicadas, sino en contra del Estado de Venezuela, cuando ha acusado a Birmania de cometer un exterminio en contra de la minoría mahometana rohinyá, como lo ha hecho Gambia.

Como resultado, la Corte Internacional de Justicia les pidió a las autoridades de Birmania que abandonasen las prácticas genocidas.

Pero esto sería una batalla de un Estado en contra de otro, no resultaría en penas delincuentes y no sucedería ante la CPI, sino ante la CIJ, el principal órgano judicial de la ONU.

Sin embargo, para Roscini este es la opción que él estima como la menos posible.

Para Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea -una ONG de Venezuela especializada en derechos humanos y crítica con el gobierno de Maduro- este reporte abre un «abanico» de ocasiones.

A BBC Mundo cuenta le: «Se convierte en un insumo para la Corte Penal Internacional, que lo podrá examinar y avanzar de la etapa preliminar, en la que Venezuela se encuentra actualmente, a una etapa de investigación formal».

«Luego va a quedar en manos de la Fiscalía tomar determinaciones al respecto».

Una consecuencia inmediata para el sociólogo y periodista de Venezuela es que este reporte incrementa las posibilidades de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU apruebe en la reunión del 23 de septiembre que la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela, autora del ilaorme, siga investigando la situación de los derechos humanos en el paísnaciónicialmente el comité estaría activo hasta finales de este mes.

Poco después de la publicación del reporte, el gobierno venezolano ha rechazado sus conclusiones y ha asegurado que estaba «plagado de falacias».

El canciller de Venezuela Jorge Arreaza ha criticado a través de un tuit que el reporte se haya hecho sin visitar la nación por una misión a la que ha calificado de «fantasma» y de ser «controlada por gobiernos subordinados a Washington».

No obstante, especialistas señalan que el que haya sido elaborado a distancia no le quita legitimidad.

Imogen Foulkes, corresponsal de la BBC en Ginebra, sede de la ONU, informa que al equipo no se le ha permitido trasladarse a Venezuela, un suceso que no es único.

«La ONU investigue presuntos crímenes de guerra en su lugar», permitió «Siria » nunca. Myanmar, China y muchas otras naciones también se resisten regularmente a recibir comisiones de la ONU. Pero estamos en el siglo XXI y las tecnologías actuales de la información nos permiten recopilar evidencias y pruebas de violaciones graves sin tener que entrar a la escena real del crimen», apunta.

Contactada por BBC Mundo, la Cancillería de Venezuela no contestó a los pedidos de entrevista.

Mientras estaban en funciones, la ONU en el mundo acusa de crímenes de lesa humanidad por misiones de la ONU , como por ejemplo el de Bashar al Asad , en Siria.

«El gobierno venezolano cometió «violaciones brutales» que equivalen a crímenes de lesa humanidad», asegura de las Naciones Unidas.

Pero en América Latina, las demandas como las hechas en el reporte en contra de las autoridades de Venezuela no tienen antecedentes.

«En Latinoamérica , diferentes organizaciones señalan varios , antiguos gobiernos en Guatemala , Perú , Honduras , Chile , Argentina , entre otras naciones. Pero si hablamos de ser identificados por una Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, no, esto nunca había pasado», informa la jurista Valiñas.

«Cuando Uribe todavía era presidente, en términos de investigaciones por una institución internacional, lo más cercano ha sido la prueba preliminar de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes cometidos en Colombia».

Ya había informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que hablaban de violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Maduro.

Después de visitar Venezuela y entrevistar a más de 550 personas, todas ellas víctimas de abusos y testigos, la expresidenta de Chile y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha publicado un reporte en el que aseguraba que el gobierno del país petrolero había cometido «numerosas violaciones de los derechos humanos».

En ese entonces, las autoridades de Venezuela mencionaron que el reporte de Bachelet no era «ni objetivo ni imparcial».

Según la presidenta de la misión encargada del nuevo reporte, este es diferente, el contenido del informe de la expresidenta chileno era similar al de investigaciones anteriores de la ONU, así como de otras organizaciones internacionales, pero.

«Nuestro reporte va más allá en el sentido de que identificamos a los responsables de los crímenes. Si bien se ha realizado con menos tiempo, hicimos una investigación que que la de Bachelet, es mucho más detallada y abarcativo, lo cual nos permitió dar con los responsables».

Uzcátegui, de la ONG venezolana Provea, recuerda que en este tipo de casos los engranajes internacionales de protección a los derechos humanos «suelen agotar las profesiones de buena fe», pese a que no va a haber consecuencias inmediatas.

«Esto se hace para que los Estados apliquen los correctivos necesarios, detengan las violaciones y penalicen a los responsables».

Para este sociólogo eso sería lo deseable.

Menciona: «Pero creo que la impunidad va a seguir siendo la regla en Venezuela».

«Estamos persuadidos de que si no hay un cambio político que permita una reforma del sistema judicial, no tendremos la posibilidad que haya garantías para que los derechos humanos sean respetados en Venezuela».

Fuente: BBC

Sentiment score: SLIGHTLY NEGATIVE

Countries: Venezuela, United Kingdom, Peru, Guatemala, Colombia, Chile, Argentina

Cities: London

La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>Crisis en Venezuela: qué consecuencias puede tener el reporte de la ONU que acusa a Maduro de crímenes de lesa humanidad
>>>>>Crisis en Venezuela: la Organización de las Naciones Unidas acusa al gobierno venezolano de «crímenes de lesa humanidad» – September 16, 2020 (BBC)
>>>>>Un informe de la ONU vincula a Maduro y a dos generales con crímenes de lesa humanidad – September 16, 2020 (EntretenimientoBit)

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