Por: SentiLecto

El PP, que alega que desde el ingreso en vigor del Estatuto, en 2015, «su aplicación práctica dio lugar tanto a avances en la protección de las víctimas como a la constatación de la necesidad de actualizar y ampliar los derechos reconocidos en el mismo con el fin de impedir situaciones de insulto», va a someter a votación en el próximo Pleno del Congreso una proposición de ley para reformar el Estatuto de la Víctima del Delito con el fin de que seque una mayor protección a las mismas sea brindada que puedan gozar los autores que reciban los penados una vez libres,ocidos como ‘ongi etorris’. Según consta en el orden del día recogido por Europa Press, el debate está previsto para el próximo martes, 15 de febrero.

Los ‘populares’ observan necesaria una mejoría del régimen de protección de las víctimas de la delito «para cubrir determinadas lagunas en la defensa de su dignidad y del grupo de sus derechos», para lo cual propone cambiar el Estatuto de la Víctima del Delito, el Reglamento Penitenciario y las leyes orgánicas Penitenciaria, de Seguridad Ciudadana, del Derecho de Reunión y del Poder Judicial.

En concreto, defiende la necesidad de ampliar los Entornos de participación de las víctimas en la ejecución de la pena para impedir la posibilidad de que determinadas determinaciones judiciales o de las autoridades penitenciarias otorguen beneficios a los penados sin la participación de la víctima vía recurso o alegaciones.

Exactamente, y en relación a la conversación social, hoy una reunión es festejada en el Ministerio de Trabajo entre el Gobierno y los agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo interprofesional. En este sentido, Montero animó a sindicatos y empresarios a seguir por la vía del acuerdo.

El martes 25 de enero la Mesa del Congreso, con los votos del PSOE, el PP y Vox, rechazó la admisión a diligencia de la propuesta de los partidos independentistas para crear una comisión de investigación sobre el papel del Centro Nacional de Inteligencia en los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils.

«Situación especial es la de la realización de condena de los detenidos por delitos de terrorismo respecto al tratamiento y ejecución de las penas privativas de libertad, en especial su progresión al tercer grado», enfatiza el PP.

Adicionalmente, comprende que la protección otorgada a la víctima por el Estatuto «una vez que el penado disfrute de libertad de carácter provisional, no da cobertura suficiente ante el peligro, la victimización secundaria, los daños psíquicos o ataques a su dignidad que pudieran producirse o decisiva».

Frente a ello, plantea «una protección consolidada ante actos especialmente graves, como pueden ser el enaltecimiento, el recibimiento y homenaje público a los presos por delitos con normativa especial en la substancia, como el terrorismo».

PP recuerda: «El Parlamento Europeo ha aprobado a finales de 2020 un reporte sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en el que se pide a las autoridades de España que se tomen todas las medidas necesarias para impedir que las víctimas del terrorismo «sean humilladas por actos como los homenajes a etarras que se produjeron en los últimos años en España»».

El grupo que capitana Cuca Gamarra también dice en este punto a las víctimas de los delitos en contra de colectivos que carecen de legislación especial, aludiendo específicamente a los menores víctimas de abusos, explotación o pornografía infantil, personas con minusvalía, víctimas de trata, de una organización delincuente, de delitos con pluralidad de afectados y los de «efecto catastrófico».

Otra de las «lagunas» vistas por el PP en el Estatuto «es no haber previsto la escasa participación de las víctimas en la etapa de ejecución de la condena». A su proceso, «es erróneo presuponer que no realizar el pedido de información por parte de la víctima es equivalente a que no quiere ser comunicada».

PP y que la ausencia de datos necesarios para encontrarlas está muy extendida, dificulta el ejercicio de sus derechos». señala: «, «al tratarse de un colectivo extenso, que algunos de sus miembros han padecido la causa de victimización hace muchos años». y que la ausencia de datos necesarios para encontrarlas está muy extendida, dificulta el ejercicio de sus derechos». «La mayoría inclusive ignora que le asiste este derecho, siendo la principal causa por la que no piden recibir la información», subraya De hecho,.

Para corregirlo, aboga por otorgar a las asociaciones creadas por las víctimas la facultad de poder defender los intereses de éstas en los casos en los que expresamente lo pidan.

Pese a su proposición de ley, el PP aprecia el Estatuto como un «catálogo general de los derechos, procesales y extraprocesales, de todas las víctimas de delitos». Sin embargo, aduce que no puede estimarse un catálogo «cerrado al reconocimiento de nuevos derechos de las víctimas o a la actualización o ampliación de los ya recogidos».

Por otro lado y a pesar del ‘no’ de los asociados de investidura a la convalidación de la reforma laboral, la ministra aseguró que se trata de un «bloque sólido que sigue funcionando» y que el Gobierno seguirá trabajando «laboriosamente» cualquier ley o texto legislativo tanto en el Entorno político como en el marco de la conversación social.

Sostiene: «Las medidas de protección tienen que garantizar eficacia frente a las represalias, el peligro, la victimización secundaria, los daños psíquicos o ataques a la dignidad de las víctimas».

Fuente: EuropaPress

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La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>El PP lleva al Congreso su ley para terminar con los beneficios penitenciarios a etarras y sus homenajes
>>>>>Montero se suma a la tesis de Lastra por el ‘no’ de UPN a la reforma: «Queda por saber qué precio pagó el PP» – (EuropaPress)

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