Por: SentiLecto

Foto: Wikipedia – Vivienda prefabricada

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau, ha dado a conocer a las entidades y organizaciones que trabajan en el Entorno de la vivienda el Decreto ley para ampliación de vivienda pública en la Comunidad Valenciana, aprobado por el Consell el pasado viernes y al que muchas de ellas han hecho aportes durante el procedimiento participativo.

El acto contó con la presencia de representantes de Cruz Roja, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca , del Colegio de Registradores de la Comunitat Valenciana, del Colegio de Notarios de Valencia, de la Agencia Tributaria, del Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana, del Colegio de Administradores de Fincas, del Instituto Valenciano de la Edificación , de la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl y de los Grupos Parlamentarios de Les Corts. Martínez Dalmau , en primer lugar, ha mencionado: «»desde la Generalitat queríamos recobrar las viviendas que ha perdido la gente en su día por culpa de sus deudas hipotecarias, por eso ampliamos, por primera vez, los supuestos para la adquisición de viviendas por medio del tanteo y retracto, aseguró que «desde el Gobierno de Valencia hemos comprendido el mensaje de Naciones Unidas sobre derechos económicos, sociales y culturales de las personas afectadas por la privación al derecho a la vivienda»». Ha agregado: «La vivienda es un derecho que comprende otros derechos y, por eso, desde el Consell dimos este paso decisivo en la consecución plena de un derecho constitucional «.

Tal y como se plasmó en el Pla Hàbitat 20-30, el vicepresidente manifestó que con el consentimiento de este decreto «comenzamos el sendero para lograr duplicar el número de viviendas de interés social en los próximos 10 años, tal y como nos hemos comprometido y «.

El vicepresidente de Valencia manifestó que «tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Valencia comprendemos que es conveniente avanzar en la regulación de los valores del alquiler en aquellas áreas tensionadas y para eso ya los índices necesarios son creados al objeto de obtener la información que nos indique cuales son los alquileres medios y en qué lugares va a ser conveniente plantear la regulación de los valores en el mercado privado».

El viernes 08 de mayo la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana y la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, a través de la Dirección General de Vivienda y Regeneración Urbana publicaron la actualización del Visor de Espacios Urbanos Sensibles de la Comunidad Valenciana , que ya estaba disponible en la página web de la Conselleria y en página del espacio de innovación de la vivienda .

«El decreto ley es una realidad y va a suponer un previamente y un después en las políticas públicas de vivienda, no solo en la Comunitat sino también en el estado de España. Por primera vez tenemos las herramientas necesarias para impedir que las casas donde vive la gente terminen siendo propiedad de los fondos de inversión», según el vicepresidente.

La vivienda es una edificación cuya principal función es brindar asilo y habitación a las personas, cuidandolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas.

Novedades que contribuye el decreto ley, y ahora podremos adquirir casas procedentes de ejecuciones hipotecarias, daciones en pago y ventas-extrajudiciales».

En esta sentido, ha asegurado que «adicionalmente podremos intervenir en las grandes operaciones de venta de vivienda, por lo tanto, en inmuebles o paquetes de más de 10 viviendas, y esto nos va a permitir brindar una contestación inmediata para solucionar dificultades de acceso a la vivienda, poniendo las casas a disposición de la ciudadanía».

Martínez Dalmau se ha mencionado a los recursos públicos en promociones de viviendas que «han terminado finalmente siente objeto de especulación» y ha comunicado que «todas las casas compradas a partir de ahora van a tener una calificación de viviendas de protección oficial con carácter permanente, asegurando la realización presente y futuro de la función social de la vivienda».

Señaló: «Tenía que dar un paso decisivo para frenar prácticas especulativas con los recursos públicos».

Una de las novedades del decreto ley es que los ayuntamientos también puedan ejercer el derecho de tanteo y retracto. Según ha detallado Martínez Dalmau, » siempre respetando la autonomía municipal, las determinaciones de las corporaciones y trabajando para establecer los engranajes de colaboración adecuadas con cada una de ellas».

Ambos coincidieron en la necesidad de poner en marcha los engranajes necesarios para la regulación de los valores del alquiler en el mercado privado.

«La Generalitat va a ceder el derecho a las entidades locales que tengan capacidad de gestionar estos tipos de expedientes. Queremos que nuestros pueblos puedan tener sus viviendas públicas e intentamos asegurar una negociación más eficaz y de cercanía del parque público de viviendas», ha informado.

El decreto ley prevé que las entidades sin ánimo de lucro que realizan funciones de reinserción social puedan comprar u obtener casas por medio de cesión de vivienda pública. «El ejemplo lo tenemos en la crisis de la COVID-19 como muchas entidades y organizaciones sin ánimo de lucro están haciendo un trabajo inapelable», según Dalmau.

Además del vicepresidente, intervinieron la subsecretaria de la Conselleria, Blanca Jiménez, el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, César Jiménez, la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga, y la consultora en asuntos jurídicos María José Guiralt.

Asimismo, la guía informativa es presentada que informa cómo la nueva regla va a permitir a las administraciones públicas comprar vivienda de protección pública a través del derecho de tanteo y retracto,.

Por último, trasladó al ministro el voto de confianza y colaboración de la Generalitat para enfrentar los desafíos de esta nueva fase de reconstrucción.

La guía está dirigida al grupo de la ciudadanía de Valencia y, de forma específica, a los operadores y operadoras jurídicos y económicos de la Comunidad.

Fuente: Inmodiario

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