Otra ocasión para atrapar al corrupto absuelto

Por: SentiLecto

La Fiscalía General del Estado quiere que el Código Penal incluya el delito de «aumento patrimonial arbitrario». Así lo propone en la Memoria anual presentada en el acto de apertura del Año Judicial, en la que él/ella Así lo en la Memoria anual presentada en el acto de apertura del Año Judicial, en la que se asegura . propone: “Este delito sería un nuevo instrumento en la pelea en contra de la corrupción”.. Según la memoria dada el pasado lunes al Rey por el fiscal general, José Manuel Maza, este delito alcanzaría a aquellas «autoridades y funcionarios» a los que se detectase un «aumento patrimonial importante» que reflejase «una desproporción» entre sus entradas legales -que según se resalta en la Memoria, que informa que el delito sería activado sólo en caso de que otra condena no fuera dictada por corrupción en contra de la persona afectada, están obligados a declarar- y los arbitrarios. La condena llegaría únicamente cuando «el Estado, a partir de las obligaciones de los ciudadanos respecto a las Haciendas Públicas, pueda contribuir los dos anteriores elementos [entradas legales y los no justificados] y concurra una falta de justificación de su procedencia». Se transformaría así en una segunda vía para condenar a los corruptos que hubieran salido indemnes de una primera investigación respecto de delitos como, por ejemplo, cohecho o tráfico de influjos.

La demanda, comunicada ayer por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza y formalizada hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se presenta por la convocatoria de la votación del 1 de octubre, que el Tribunal Constitucional ya dejó en suspenso de forma cautelar, al aceptar a diligencia los recursos presentados por el Gobierno.

«Crear la figura delictiva que penaliza el enriquecimiento ilícito de las autoridades o de los funcionarios que participan del ejercicio de la función pública representaría un avance en aquellos casos en los que desde esa función pública hayan participado en actos de corrupción y hubieran resultado absueltos».

Ese supuesto podría afectar, por ejemplo, a casos como el del ex presidente de la Diputación de CastellónCarlos Fabra, absuelto de delitos relacionados con la corrupción y condenado sólo por delitos fiscales.

La Fiscalía Superior de Cataluña presentó una demanda en contra del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y el resto de miembros del Govern por los delitos de la desobediencia, prevaricación y malversación, un último delito que implica penas de cárcel.

La Fiscalía Nacional Económica es un servicio público de Chile, encargado de velar por la estima a la libre competencia.

La Fiscalía resalta que este nuevo delito cuenta con el respaldo de la ONU. La Convención en contra de la Corrupción de 2003 ha establecido que cada Estado firmante -entre ellos, España- «cuando se cometa intencionalmente, estimará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra Naturaleza que sean necesarias para tipificar como delito , el enriquecimiento ilícito, por lo tanto, el aumento significativo de la riqueza de un funcionario público en torno a sus entradas legítimas que no pueda ser razonablemente justificado por él».

A pesar de ese respaldo, la introducción del nuevo delito presentaría dificultades a los que no hace referencia la Memoria. Tanto en Italia como en Portugal, los respectivos juzgados constitucionales eliminaron su aplicación. Según recoge el catedrático de Penal Isidoro Blanco en un reciente estudio, el rechazo fue producido porque se producía una inversión de la carga de la prueba, al ser el imputado el que tenía que justificar sus entradas, y no la demanda probar su falta de explicación. Tampoco se comprendió respetada la presunción de inocencia.

Estas dificultades informan la alusión de la ONU a que la introducción del delito se haría «con sujeción» a la «constitución» y «comienzos fundamentales» vigentes en cada nación.

El delito sí está vigente en varias naciones hispanoamericanas y, en el Entorno de la UE, se ha introducido recientemente en Lituania. Con algún pedido extra, Francia cuenta con este delito bajo la denominación de «no justificación de recursos».

A pesar de los impedimentos constitucionales, en España varios partidos propusieron en algún momento, en el Parlamento o en sus programas, su introducción en el Código Penal. Así lo hicieron, con distintos tonos, el PSOE, Podemos y Ciudadanos.

Si finalmente el nuevo delito es introducido, la Fiscalía reclama que se aplique igualmente a los casos de criminalidad planeada. De hecho, en Italia la tentativa frustrada fue producido como una iniciativa en la pelea en contra de la mafia.

Fuente: El Mundo

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La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>Otra ocasión para atrapar al corrupto absuelto
>>>>>La Fiscalía presenta la querella contra Puigdemont y su Govern por delitos que implican penas de cárcel – (El Mundo)

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