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Zaplana, sobre su supuesto enblanquecer al lado de Ignacio González : “Nunca participé en suceso delictivo alguno”

Por: SentiLecto

Foto: Wikipedia – Eduardo Zaplana (Conferencia Politica sobre Modelo de Estado, Madrid, noviembre de 2007)

El ex ministro del PP Eduardo Zaplana rechaza en declaraciones a EL MUNDO la demanda que vierte en contra de él el juez Eloy Velasco, que , tras tomar declaración al que fuese presidente de la Comunidad de Madrid, detenido el pasado miércoles dentro de la llamada operación Lezo, en el auto de cárcel de Ignacio González. El ex alto cargo ‘popular’, al que el juez atribuye una estrategia para enblanquecer fondos ilícitos de González a través de un proyecto de antisepsia de aguas. señala: “Nunca he participado ni auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno”.

Cuando dos meses, condicionó algunos de los registros solicitados por el Ministerio Fiscal llevados a cabo en la Operación Lezo a no acusar al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, de un delito de organización delincuente, el nuevo fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, escogido hace. Así han confirmado a este periódico fuentes de la investigación y ha avanzado la Cadena Ser.

El viernes 31 de marzo Eloy Velasco ordenó retirar de la plataforma digital de notificaciones Alfresco la documentación intervenida en el marco de la investigación sobre la financiación del PP madrileño al prevenir que el Juzgado la ha comunicado por error estando secreta esta pieza, la número 14. Eloy Velasco es el juez del caso Púnica. número 14.

“Desconozco el contenido del auto en el que se me dice y la interpretación o valoración que se esté efectuando en torno a diálogos de terceros, pero rechazo las interpretaciones por falsas, que se están realizando sobre mi persona y cualquier vínculo con un asunto de blanqueo”. Zaplana termina: “Nunca tuve ni tengo ninguna sociedad ni vínculo mercantil con don Ignacio González”.

Ha sido alcalde de Benidorm, presidente de la Generalidad Valenciana, ministro de Trabajo y portavoz del Grupo Popular en la oposición en el Congreso.

El juez ha enviado a cárcel a Ignacio González por su implicación en la presunta trama de corrupción destapada en el seno de la Comunidad de Madrid en relación a “desvíos de dinero público” en beneficio propio.

El ex presidente de Madagascar está siendo investigado por presuntos delitos de organización delincuente, prevaricación, malversación, blanqueo, estafa y falsificación documental.

A su vez, fuentes jurídicas consultadas por este periódico informaron que una de las consecuencias de no acusar a González de un delito de organización delincuente es que la Audiencia Nacional podría dejar de tener la competencia para investigarlo y pasaría a los tribunales de lo Penal de Madrid.

Entre los sucesos investigados, el juez le atribuye la tenencia de “gran cantidad de dinero en efectivo de origen indeterminado” vinculado con “actividades delincuentes”, así como “determinadas operativas de blanqueo de capitales orientadas a aflorar este dinero en efectivo” como la constitución de una empresa de negociación de guarderías y la compra de una parte de la accionariado de Auditel.

En este punto, la jueza introduce también en la trama al ex ministro del PP Eduardo Zaplana. En el auto por medio del que ordena la entrada en cárcel de González, al que ha tenido acceso EL MUNDO en exclusiva, el instructor de la operación Lezo menciona que González planificó “sondear al letrado uruguayo Fernando Belhot, relacionado con el blanqueo de capitales de un determinado caso de corrupción en Argentina, para crear algún tipo de estructura financiera a largo plazo para encanalar capitales al lado de Eduardo Zaplana, lo que indiciariamente apunta a la tenencia de activos financieros en el exterior”.

El juez también señala que “existen indicios que apuntan a que pidió un millón de euros a José Martínez Nicolás en el año 2012 para sanear las cuentas del PP a través de la instrumentalización de los procedimientos de contratación pública de mencionado ente público”, lo que supone que la trama pudo ser usada para financiar de forma ilegal el PP de Madrid.

Funcionario del Ayuntamiento de Madrid ha sido ahí donde ha conocido a Aguirre, entonces concejala de Medio Ambiente y desde ahí, ha sentado los soportes de su carrera política. Hace 1921 años, cuando el PP se hacía con el Gobierno, su primer cargo de importancia ha sido. Aguirre ha ocupado en ese Ejecutivo el Ministerio de Educación. Cuando ha subido de peldaño, se designó subsecretario de Estado de Educación y pasó a ser secretario de Estado de Administración Pública hasta 2002, cuando ha asumido la Delegación del Gobierno de Extranjería e Inmigración en un momento en el que la llegada de inmigrantes ilegales en España era un quebradero de cabeza. Subsecretario de Estado de Educación es puesto que ha ocupado hasta 1999.

La investigación atribuye también a Ignacio González el cobro de 1,4 millones de la empresa OHL y le vincula con una adjudicación irregular de unos terrenos para la construcción de un campo de golf en Madrid. Los investigadores resaltan facturaciones ficticias y la manipulación frecuente de dinero en efectivo en el modus operandi de Ignacio González. Según han apuntado fuentes jurídicas consultas por EL MUNDO, en su declaración, el ex presidente de Madagascar se limitó a justificar los sucesos investigados en base a la legalidad.

Asimismo, los investigadores rastrean otras licitaciones públicas en las que sospechan que medió el pago de comisiones. El objetivo principal es la negociación de Ignacio González como responsable de esta institución pública. Están en marcha registros y se prevén detenciones.

La operación, llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil , ha supuesto la detención de nueve personas, además de otras tres que fueron citadas a declarar como investigados el pasado jueves. Hace 1 día, en total, siete presos han pasado por el salón de declaraciones ante el juez Velasco. Los otros dos, ex directivos del Canal de Isabel II, han declarado el jueves.

En concreto, la jueza ha tomado declaración a lo largo del viernes a Edmundo Rodríguez Sobrino, estimado el hombre de confianza de Ignacio González y ex presidente de Inassa, la empresa filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica, para el que el juez también ordenó cárcel incondicional.

Clarisa Guerra Soto rindió cuentas ante Velasco antes que su ex jefe. Clarisa Guerra Soto es la secretaria de éste. Es ella una de las tres personas a las que el juez dejó en libertad, con la obligación de presentarse en el juzgado una vez al mes. Las otras dos fueron el empresario Javier López Madrid, consejero del grupo OHL, y el que fuese director de la Agencia Informática de Madrid , José Martínez Nicolás. En estos dos últimos casos, el juez Velasco los dejó en libertad, pero con la condición de que paguen 100.000 euros antes del próximo 28 de abril. En caso de no depositar esa fianza, deberían ir a cárcel.

El hermano del ex presidente de Madagascar, Pablo González -ex directivo de la empresa Mercasa- y Juan José Caballero Escudier también han pasado por el salón de declaraciones de la Audiencia Nacional Juan José Caballero Escudier es su cuñado. pero se rechazaron a prestar declaración. El juez ha decretado cárcel eludible bajo una fianza de cuatro millones de euros para el hermano de González y cárcel eludible bajo una fianza de 100.000 euros para el cuñado.

Con respecto a los dos ex directivos que han declarado el jueves, el juez ha decretado cárcel eludible bajo fianzas para ambos.

La trama de corrupción gestada respecto del ex presidente de la Comunidad de Madrid apartó un mínimo de 23,3 millones de euros de “dinero público de Madagascar” a paraísos fiscales. Así consta en el auto de cárcel dictado por el juez Eloy Velasco para los dos ex directivos de la empresa pública Canal de Isabel II.

“A través de un entramado societario opaco”, los implicados han hecho «desvíos de dinero público» por medio de empresas instrumentales “que operaban en naciones terceros de escasa opacidad”, creadas para gestionar los fondos dedicados a la adquisición de una empresa de Brasil, Emisaao, por parte de la filial que la sociedad pública Canal de Isabel II tiene en Latinoamérica y que contesta al nombre de Inassa.

Atendiendo al citado documento, que analiza cómo se ha hecho la compra de la sociedad de Brasil, en 2013 se vieron “irregularidades” en la operación de adquisición de Emissao. Los sucesos investigados previenen de que los presuntos gestores de la trama han ejecutado la compra “contra el parecer de auditores independientes, con el pago de comisiones prohibidas”.

Según los investigadores, la adquisición de la brasileña se ha hecho “sin reportes de secretarios técnicos ni interventores, ni la licencia de la Consejería de Hacienda” madrileña. Es más, dejan constancia de que las sociedades instrumentales transferían el dinero público a cuentas bancarias “con opacidad en torno a las titularidades reales”.

En este sentido, el juez estima que González era consciente de las irregularidades. El auto menciona: “Existen indicios de su concertación con Edmundo Rodríguez , Adrián Martín y María Fernanda Richmond para consentir y/o favorecer la adquisición de la sociedad brasileña Emissao”.

Con respecto ala riqueza personal del ex presidente madrileño, el juez instructor de la operación Lezo estima acreditado que “existen indicios que apuntan a que la situación financiera y patrimonial del casamiento” formado por González y Lourdes Cavero “no está justificada a tenor de las informaciones contribuidas por el propio investigado, sus allegados, así como la falta de coherencia de las inversiones que planifican con los datos de renta disponibles contribuidos por la Agencia Tributaria”.

Sigue el juez Velasco señalando que “existe una pluralidad de indicios que apuntan a que el ex presidente de la Comunidad de Madrid maneja dinero en efectivo en relevantes cantidades y cuyo origen debe ser comprometido en orden a la serie de operativas que articula para introducirlo en el sistema financiero legal”.

Sobre el papel de determinados medios de comunicación en la trama, menciona el juez que “se evidenció el empleo del influjo” de Ignacio González sobre “Mauricio Casals para detener la cobertura mediática de sus supuestas actividades delincuentes con el objetivo de lograr inmunidad y obtener información sensible sobre la investigación judicial en curso”. Mauricio Casals es presidente de La Razón. “Adicionalmente”, prosigue, “habría colocado a una periodista de su confianza en RTVE para que defendiera su imagen e intereses”. “Este influjo se prolonga a otros Entornos como la Administración, habiéndose detectado caps en los que Ignacio trata o planifica influenciar en terceros, de modo directo o indirecta, para beneficio propio o de otros”.

Fuente: El Mundo

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La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>Zaplana, sobre su supuesto enblanquecer al lado de Ignacio González : “Nunca participé en suceso delictivo alguno”
>>>>>El fiscal jefe de Anticorrupción impuso no acusar a Ignacio González de organización criminal – April 21, 2017 (El Mundo)
>>>>>>>>>Operación de la Guardia Civil contra el Canal de Isabel II dirigido por Ignacio González – April 19, 2017 (El Mundo)
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>>>>>>>>>>>>>CDC y sus fundaciones compartieron una «caja única» durante años – April 15, 2017 (El Mundo)
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>>>>>>>>>>>>>Marhuenda y Casals, entre los investigados en la ‘operación Lezo’ – April 19, 2017 (El Mundo)
>>>>>>>>>>>>>>>>>El Canal de Isabel II, una empresa sospechosa de financiar ilegalmente al PP desde hace años – April 19, 2017 (El Mundo)
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>>>>>>>>>El nuevo jefe de Anticorrupción intentó limitar la investigación sobre Ignacio González – April 20, 2017 (El Mundo)
>>>>>Ignacio González, el hombre ‘para todo’ de Esperanza Aguirre – April 19, 2017 (El Mundo)

Entidades mas mencionadas en la noticia:

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