Por: SentiLecto

Hace 1 mes, el Gobierno ha aprobado una contundente estrategia de ayudas al alquiler para arrendatarios y propietarios en situación de vulnerabilidad por el coronavirus. No obstante, una cosa es el paquete que iluminó el Consejo de Ministros y otro algo diferente el que informó el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, que mencionó: «Quedan suspendidos desde hoy y hasta que cumplan seis meses tras el fin del estado de alarma todos los desahucios sin alternativa habitacional de las casas vulnerables», mientras que el comunicado propagado por el Gobierno después informaba: «Los desahucios son suspendidos durante seis meses desde el ingreso en vigor del estado de alarma».

Los grandes tenedores, por lo tanto, aquellos que acopian más de 10 viviendas en España, han sido otros protagonistas de su comparecencia. Si un arrendatario está en situación de vulnerabilidad y su casero, de acuerdo con sus palabras, » es un gran tenedor o un fondo de inversión, este tendrá que escoger entre dos opciones: o bien llevar a cabo la quita del 50% de la deuda del arrendatario o bien reestructurar esa deuda para que pueda pagarla en tres años».

El proyecto aprobado por el Consejo, sin embargo, matiza esa medida y no ve una «quita», sino que sugiere un acuerdo voluntario entre los grandes tenedores y los arrendatarios que lo pidan. El Ejecutivo plantea dos probables alternativas a estudiar: que el arrendador reduzca voluntariamente la renta en un 50% durante el tiempo de vulnerabilidad o en un plazo máximo de cuatro meses, o bien, que una moratoria sea establecida en el pago de la renta mientras dure el estado de alarma o mientras perdure la situación de vulnerabilidad, si mencionado acuerdo no se da con un máximo de cuatro meses. «Una vez superada satisfacción situación, el arrendatario va a devolver la cuota o cuotas no pagadas a lo largo de un tiempo no superior a tres años» o hasta el vencimiento de su contrato si este es anterior, según fuentes del Gobierno. «No es una quita obligatoria, es un acuerdo», matizan, y por tanto, está supeditado a que el propietario entre a él.

El propio Ábalos fue tajante este lunes al descartar esa posibilidad. «No estamos hablando de condonaciones, sino de estímulos, reestructuración de deudas… circunstancias mencionadas a situaciones de vulnerabilidad», reconoció durante una rueda de prensa junto con la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El lunes 09 de marzo el Gobierno actuaría también para pretender frenar los desahucios por impago de alquiler después de un acuerdo entre la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el tercero, Pablo Iglesias, alcanzado en los últimos días. «Iglesias la ha llamado para trasmitirle su preocupación por el alcance de este asunto en un momento en que la propia vicepresidenta ultimaba un real decreto ley con medidas por los desahucios causadas por las ejecuciones hipotecarias», contó Calvo.

El arrendatario podrá recurrir a las líneas de financiación planteadas por el Ejecutivo para estos casos, si el gran propietario no quiere negociar una solución. «Ponemos en marcha, usando el ICO, un sistema de microcréditos públicos sin comisiones y a interés cero para que todas las personas en situación de vulnerabilidad puedan hacer frente al pago del alquiler de su vivienda», mencionó Sobre esta cuestión, Pablo Iglesias.

En la práctica, el Gobierno no aprobó microcréditos públicos, sino que habilitó una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad. De esta manera, el arrendatario que lo necesite podrá pedir a las entidades financieras tradicionales «un crédito finalista, directamente pagado al arrendador, por valor de hasta seis mensualidades a devolver en un tiempo máximo de 10 años. Este crédito no va a tener interés y va a contar con el aval del Estado», según el comunicado propagado ayer por La Moncloa.

El paquete de ayudas aprobadas ayer ve otras medidas como una ampliacióna tres meses de la moratoria en el pago de hipotecas para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad afectados por la crisis del coronavirus . Adicionalmente, incluye como potenciales beneficiarios de la misma a propietarios -«personas físicas»- de vivienda que padezcan impagos de alquiler y a los locales y oficinas de autónomos cuya actividad haya sido suspendida por el estado de alarma o cuya facturación haya caído significativamente.

De este modo, el Gobierno espera dar por satisfechas parte de las reivindicaciones que autónomos y pymes le realizaron desde que la pandemia fue comenzada. Ambos grupos reclaman una mayor protección, en la línea del resto de empresas y de las medidas adoptadas en naciones como Francia o Reino Unido. Lorenzo Amor en una entrevista el lunes con este periódico ha declarado: «No solicitamos no pagar la cuota, lo que estamos mencionando es que en estos momentos no hay liquidez y que se suspenda». Lorenzo Amor es presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos .

En el caso de los pequeños propietarios -que según el Gobierno suponen el 85% del mercado- el decreto intenta garantizar que van a percibir íntegramente las rentas de sus viviendas. Para ello, Moncloa propone que el arrendatario, siempre que se encuentre en situación de vulnerabilidad, podrá pedir un aplazamiento en el pago de su renta y el arrendador va a tener siete días para admitirlo, proponer una alternativa o rechazarlo.

«De llegar a aprobarse esto, el Gobierno deja la puerta abierta a los casos de morosidad. Adicionalmente, el impago previo a esta situación también se observaría detenido y no podemos dejar a los arrendadores despojados de sus viviendas y de su derecho a la propiedad privada», incide Antonio Carroza.

En el caso de que no haya un acuerdo, el arrendatario va a tener acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación a valor cero con aval del Estado.

El Gobierno establece también un nuevo programa de ayudas directas al alquiler sobre vivienda habitual que podrán ser agregadas a las citadas anteriormente, si aun así hay arrendatarios que no puedan hacer frente al pago de las rentas.

Para la área del alquiler Las medidas son completadas con la prórroga automática por seis meses más de todos los contratos de alquiler en vigor que venzan en los tres meses siguientes al ingreso en vigor de la regla. En la práctica, esta medida supone que a ningún arrendatario con contrato vigente se le puede subir el alquiler durante los próximos seis meses ni cambiar las condiciones que tenía hasta el momento.

Adicionalmente, se habilita a los ayuntamientos para que usen el superávit de ejercicios anteriores para adoptar medidas de voto de confianza a colectivos vulnerables en materia de vivienda.

Fuente: El Mundo

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