Por: SentiLecto

Después de ser el compromiso incumplido de varios gobiernos, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia. Una normativa que entre las novedades que recoge incluye una reforma del Código Penal que modifica en delitos públicos perseguibles de profesión a todos los delitos en contra de la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad de la casa.

El Consejo de Ministros en un sentido institucional, parte del Poder Ejecutivo de un gobierno.

El antreproyecto, que se basa en el que el anterior Gobierno del PSOE quiso aprobar en 2018, suprime el artículo 201 del Código Penal, que situubicabao exigpedidoa proceder por estos delitos la «denuncia de la persona agraviada o de su representante legal». Ahora esa condición de necesidad queda eliminada.

Cuando el autor y la víctima tuviesen en común un hijo o una hija, esta nueva normativa, que prácticamente en su suma se ha perfilado en el anterior Gobierno del PSOE y que ahora la alianza rescató, configura como obligatoria la imposición de la pena de privación de la patria potestad a los penados por asesinato o por homicidio en dos situaciones: y cuando la víctima fuese hijo o hija del autor.

El objetivo, según informan fuentes del Ministerio de Justicia, es que en los últimos tiempos, con el incremento de la presencia de las nuevas tecnologías en casi , todas nuestras acciones son aumentadas este tipo de delitos, especialmente la transmisión no autorizada de vídeos de carácter íntimo, y se trata de unos delitos muy lesivos para la víctima. Tanto Justicia como la dirección general de la infancia estiman que con esta reforma su persecución será consolidada.

La vicepresidencia de Derechos Sociales, que pilota Pablo Iglesias, fue la encargada de impulsar esta normativa, cuya puesta en marcha y redacción estuvo presente en gobiernos de toda marca política. Entre las novedades que establece el texto respecto a bocetos anteriores está otra alteración del Código Penal para dar una nueva regulación a los delitos de odio, incorporando la edad como causa de discriminación, tanto sobre los nenes, nenas y adolescentes, como sobre las personas de edad avanzada e incluyendo la aporofobia y la exclusión social dentro de estos tipos penales.

Por lo tanto, por un lado la fobia es tipificada como nuevo delito a las personas pobres o desfavorecidas; y por otro la edad es incorporada como una causa de discriminación.

Tanto desde la dirección general de infancia como desde Justicia expresan la necesidad de poner de relieve la alza exponencial que en los últimos tiempos tuvo el discurso de odio en contra de los menores extranjeros no acompañados, conocidos como menas .

Ambos departamentos, que trabajaron conjuntamente en los últimos meses, estiman que existe una alza exponencial sobre los delitos de odio sobre los menores no acompañados. Hace unos meses, Vox ha agitado una campaña en contra de los centros que albergan a estos menores, señalando que generaban «inseguridad» y «graves dificultades» en los barrios. Algunos dirigentes han llegado hacer actos en las puertas de algún centro.

Una determinación que remite a la controversia sobre el escándalo de los abusos a menores tutelados por la Administración en Baleares. Una situación sobre la que los ministros de Podemos impidieron en todo momento pronunciarse, argumentando que se trataba de un caso judicializado, pero que, sin embargo, la formación morada al lado del PSOE y Més, que gobiernan juntos en Baleares, eligieron contra la creación de una comisión de investigación en el Parlament.

Los partidos Asimismo , el proyecto de ley , que ahora enfrentará la diligencia parlamentaria , donde cambiarán a él por medio de enmiendas , propone postergar la vuelta a la calle de presos por ciertos delitos en contra de menores. Aunque sean de un día, en particular, prohíbe que puedan recibir autorizaciones de salida , hasta que hayan cumplido la mitad de la condena. En régimen general permite esas autorizaciones al cumplir la cuarta parte. Esto afecta a las condenas relacionadas con menores por abuso o agresión sexual, trata de seres humanos y prostitución.

En esa búsqueda de advertir situaciones de violencia, la ley obliga a denunciar al cónyuge y a los familiares cercanos de la persona que cuando se trate de un delito grave cometido en contra de una persona menor de edad, haya cometido un suceso delictivo. No obstante, el texto no recoge las penas a aplicar en caso de no cumplirlo. El Gobierno prevé desarrollar el régimen sancionador en este sentido más adelante.

Fuente: El Mundo

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La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>El Gobierno va a permitir perseguir los delitos en contra de la intimidad sin que haya demanda
>>>>>El Gobierno reformará el Código Penal para incluir la fobia a las personas pobres como nuevo delito – June 09, 2020 (El Mundo)

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