Por: SentiLecto

Foto: Wikipedia – Artur Mas jugant a futbol

Estima «razonable y suficiente» el tiempo de 15 días para abonar la fianza

El Tribunal de Cuentas rechazó ampliar el plazo fijado para este miércoles a los 34 excargos de la Generalitat que tendrán que abonar la fianza de 5,4 millones de euros que les reclama en calidad de responsabilidad contable por el presunto empleo irregular de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y el Consell de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

A través de una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la delegada instructora Esperanza García Moreno señaló que el plazo aceptado, que es «superior al de diez días hábiles otorgado con carácter general» es «razonable y suficiente para proceder al afianzamiento señalado».

En contra de la resolución con fecha 15 de julio cabe recurso ante la Sala de Justicia de este Tribunal a interponer en el plazo de cinco días, contados desde la notificación, sin que ello implique la suspensión de las representaciones. Según fuentes consultadas, este escrito habría sida comunicada este mismo lunes, por lo que el vencimiento se produciría este viernes.

La instructora del órgano fiscalizador ha dado un plazo de 15 días hábiles a las defensas de los excargos -entre los que se incluyen el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras- para depositar la fianza, impuesta para que puedan hacer frente a las responsabilidades contables a las que pudieran ser finalmente condenados.

Si las defensas no abonan la caución correspondiente, se va a proceder al embargo de bienes, tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

En el marco del plazo dictado, la Generalitat ha aprobado un decreto ley para crear un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros que será gestionado por el Instituto Catalán de Finances .

La dotación de este fondo es fijada inicialmente en 10 millones de euros. «Diseñado a medida de los implicados en los gastos irregulares del procés, supone, además de una estafa de ley, una probable malversación de fondos públicos, ya que se intenta indisimuladamente avalar directa o indirectamente, con cargo a los Presupuestos de la Generalidad, las responsabilidades pecuniarias de una serie de cargos afines o directamente relacionados con el Gobierno de Cataluña»,Vox menciona Este decreto,.

El jueves 08 de julio la defensa del ex presidente catalán Carles Puigdemont presentó recurso en contra de la fianza reclamada por el Tribunal de Cuentas en calidad de responsabilidad contable por el presunto empleo irregular de fondos de la Generalitat de Cataluña para las ‘embajadas de Cataluña’ y el Diplocat.

Como es el caso de la caución que reclama el Tribunal de Cuentas, el propósito, según han reconocido públicamente altos cargos del Govern, es que la Administración de Cataluña actúe como contraaval del aval que presente una entidad financiera para cubrir las reclamaciones judiciales o administrativas a cargos de la Administración catalana.

Fuentes del órgano fiscalizador consultadas por Europa Press han insistido en que si prospera, va a corresponder a la instructora acordar o no el plan de la Generalitat, que figura como damnificada en el acta de liquidación provisional aunque desde el Govern no coincidan con ello.

RECURSOS en contra de LA FIANZA

Ha llegado al órgano fiscalizador el recurso presentado por la defensa de Puigdemont en contra de la fianza reclamada, mientras avanzaba el plazo. En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que agregó que, en el caso de que no fuesen albergadas sus pretensiones, el tiempo otorgado fuera ampliado para el pago de la fianza y que se informara cómo la instructora había llegado a determinar el valor, solicitó que la caución fuera eliminada al estimar que «tiene reconocida inmunidad como europarlamentario» que «alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas».

En este proceso también consta el recurso interpuesto por la defensa del expresidente de Cataluña Artur Mas, quien argumentó indefensión por una «irregular» tramitación de trámites, solicitó eliminar la liquidación provisional hasta que su petición fuera resuelta y ha reclamado suspender el plazo para abonar la fianza.

Artur Mas i Gavarró[nota 1]​ es un economista y político español asociado al Partido Demócrata Europeo Catalán, presidente de la Generalidad de Cataluña entre 2010 y 2016.

5,4 MILLONES ENTRE 34

Según el acta de liquidación provisional, al que ha cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern, tenido acceso Europa Press, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex cargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron.

La mayor totalidad se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

La formación liderada por Santiago Abascal presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia en contra del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà por prevaricación y malversación de caudales públicos.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras -también favorecido por la medida de gracia- figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.

Uno cantidades individuales, todos ellos deberán contestar al total de 5,4 millones de forma solidaria, aunque se les reclama a cada.

PLAZO PARA DEMANDAS

Una vez que las fianzas sean abonadas y resuelto los recursos se dará desplazamiento de la pieza y demás representaciones al representante de la entidad de la área pública damnificada- en este caso la Generalitat- y las demás demandas- Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes- para que dentro del plazo común de 20 días presenten demanda.

Una vez terminada esta instrucción, seguirá el proceso en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en manos de la juez Margarita Mariscal de Gante -quien fuera ministra de Justicia del primer Gobierno de José María Aznar-, al que por turno le ha correspondido este asunto.

Fuente: EuropaPress

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