Por: SentiLecto

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que La Fiscalía_de_la_Comunidad_de_Madrid , que en el recurso, , de 1 de octubre, dictada en ejecución de la Orden del Ministerio de Sanidad de 30 de septiembre, presentó un recurso de reposición ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que insta a dictar una nueva resolución sobre la confirmación de medidas restrictivas al ser permitidas por las leyes sanitarias vigentes y que el Tribunal Supremo sea emplazado a establecer criterios de las facultades que a las autoridades autonómicas atribuye la vigente legislación sanitaria. subraya: «Es «exacto» realizar el «pertinente» proceso valorativo de «proporcionalidad» y «necesidad» en torno a la regla de la Consejería de Sanidad 1273/2020″. de 1 de octubre, dictada en ejecución de la Orden del Ministerio de Sanidad de 30 de septiembre, presentó un recurso de reposición ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que insta a dictar una nueva resolución sobre la confirmación de medidas restrictivas al ser permitidas por las leyes sanitarias vigentes y que el Tribunal Supremo sea emplazado a establecer criterios de las facultades que a las autoridades autonómicas atribuye la vigente legislación sanitaria.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid denegó, por observarse afectados los derechos y las libertades fundamentales, la confirmación de las medidas decididas en el apartado tercero de la Orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen medidas preventivas en determinados municipios del lugar en ejecución de la Orden del ministro de Sanidad por la que se aprueban representaciones coordinadas en salud pública.

La Fiscalía Nacional Económica es un servicio público de Chile, encargado de velar por la estima a la libre competencia.

«Hace 2 meses, la sentencia dictada por la Sala de Vacaciones y en sus sucesivos autos se sostenía que el artículo 3 de la Ley Orgánica en Materia de Salud Pública, unido a las precauciones de la Ley General de Sanidad y la Ley General de Salud Pública, sustentaba las limitaciones al derecho fundamental», recuerda Fiscalía.

La sentencia rechaza el recurso en tanto se dirige en contra de la inactividad administrativa porque CESM no cumplió los pedidos pedidos por el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción pero lo respeto al reconocer que los doctores de esta nación pelearon al principio de la pandemia sin medios materiales de protección frente al Covid-19.

Cuando las Comunidades Autónomas cumplan sus propias competencias, expone: «Todo ello unido a la restricción que el derecho a la libertad de circulación experimenta ante el derecho a la vida y la salud y la necesidad de impedir el continuo uso el estado de alarma, que tiene que ser la última ratio o recurso, para «y la gravedad de la crisis lo pida».

Fiscalía Así, señala: «A «la Sala no le corresponde ahora, ante su ausencia, dejar de pronunciarse sobre la confirmación instada». y más ante una situación de tanta gravedad para la salud pública en esta Comunidad, como la que se desprende de los datos obrantes en la Resolución del Ministro de Sanidad que no son discutidos por el propio Letrado».

Las juezas A su vez, en su resolución precisan: «»nos encontramos ante un marco legal que difiere sustancialmente del que ha sido objeto de análisis, coincidiendo con la confirmación de las medidas sobre Sectores sanitarios, de 24 de septiembre y 1 de octubre, ya que, lo que se pide en esta oportunidad es la confirmación del mandato obligado de la ministro de Sanidad por el que se aprueba la declaración de representaciones coordinadas en salud pública para contestar ante situaciones de especial peligro por transmisión, como reconoce el propio abogado de la Comunidad de Madrid no controlada de infecciones ocasionadas por el SARS-COV-2″».

Cuando lo termina de hacer en restricciones a la libertad de circulación de la misma entidad sin oponer objeción alguna relacionada con las garantías de los derechos fundamentales, añade: «Sobre todo «.

También opina la Fiscalía sobre la conveniencia de disponer de mejores instrumentos normativos para limitar derechos fundamentales porque los «graves» peligros que la pandemia impone al derecho fundamental a la vida y a la salud no permite, en su parecer, esperar a que nuevas reglas sean dictadas cuando una interpretación «razonable» y «constitucional» de las leyes sanitarias vigentes sustenta las limitaciones a la libertad de circulación necesarias para contener el Covid-19.

El recurso señala que «en realidad» lo que el juzgado examina es la orden del Ministerio de Sanidad que aplica la ley 16 /2003 de Cohesión y Calidad del Sistema nacional de Salud que no ve medidas urgentes y necesarias para cuidar la salud pública «sino facultades de coordinación».

Por tanto, que se aplica en estos procesos la legislación sanitaria es mencionada a medidas adoptadas por las autoridades autonómicas y locales en base a las reglas previstas en la LOMESP, la LGS y la LGSP unidas a la legislación autonómica. No obstante, para la Fiscalía «lo sometido a confirmación no es, ni puede serlo esta Orden del Ministerio».

Ministerio es el nombre que recibe cada uno de los órganos en que se fracciona la Administración Pública de una nación, para llevar adelante las políticas del gobierno en un Sector de competencia especial .

Si el TSJM estima que lo que se está sometiendo a confirmación son medidas restrictivas de los derechos en base a una disposición de carácter estatal, ministerio En todo caso, comprende: » «carecería de competencia para ello»».

Y esto es así porque el artículo 11.1 i) LRJCA atribuye el conocimiento de este tipo de causas a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que es «exactamente» el órgano al que acudió la Comunidad de Madrid que, según la Fiscalía, «es el órgano competente».

En su comparecencia este jueves en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, el ministro se mostró «seguro» de que la Comunidad de Madrid «va a coincidir en este planteamiento». Por ello, reclamócomunicado que anunció que ha reclamado una reunión del Grupo COVID-19 entre Madrid y Sanidad para «esta misma tarde».

Fiscalía Sobre esta cuestión, las medidas en ella adoptadas, de carácter sanitario sostiene: «Ha aducido que el objeto de su petición no era avalar la legalidad de la orden, cuando la Comunidad pidió la confirmación sino «simplemente estimar que». las medidas en ella adoptadas, de carácter sanitario, y restrictivas de derechos fundamentales, son respetuosas, en satisfacción restricción, con los intereses que se tratan de cuidar, dentro del marco legal que ampara la representación llevada a cabo».

Esta petición de la Comunidad hace que la Fiscalía sostenga que el juzgado, en su resolución, tenga que ceñirse tan solo a la evaluación de la corrección de las limitaciones de la libertad de circulación conforme a los criterios ya establecidos por la Sala de Vacaciones sobre proporcionalidad y necesidad.

El recurso insiste en la idea de que el juzgado no ha de estar a lo que argumente el solicitante, «en este caso de pasada y sin desarrollo argumentativo», como fundamento de su petición de confirmación «sino al derecho aplicable».

Es más, informa que el suceso de que la Orden de 30 de septiembre vincule a todas las Comunidades Autónomas «Sala de Vacaciones Es más, que el suceso de que la Orden de 30 de septiembre vincule a todas las Comunidades Autónomas «no significa que ellas y no el Estado aplican, como vienen haciendo en torno a las distintas Resoluciones de coordinación que se pronunciaron hasta el momento». informa: «La confirmación de las medidas a que obliga no puedan pedirla en base a la legislación sanitaria». que ellas y no el Estado aplican, como vienen haciendo en torno a las distintas Resoluciones de coordinación que se han pronunciado hasta el momento».

Por esta causa el Ministerio Público pone de manifiesto que el TSJM ha cambiado la doctrina «correctamente» establecida por la Sala de Vacaciones. Y es que en mencionada resolución se mencionaba que la efectividad vinculante de los actos administrativos en que se plasman las facultades de coordinación «produce efectos en torno a las Administraciones Estatal y Autonómicas pero no para los ciudadanos».

Mencionado de otra manera, la Administración que recibe la resolución coordinadora puede admitirla o discrepar, e inclusive recurrirla pidiendo la suspensión de su efectividad «pero ello en nada afecta a las potestades que, dimanantes del art. 43 en relación con el art. 15 C,Y tienen las autoridades autonómicas para ejercerlas y cuidar la salud de los ciudadanos y que en ningún caso y menos ante la grave pandemia que se sufre, pueden quedar suspendidas».

Otro argumento que usa la Fiscalía en su recurso es que de seguirse el criterio del Tribunal quedarían «de facto» cercenadas las «importantes» e «indispensables» facultades de coordinación que el Real Decreto de 9 de junio atribuye al Estado al cesar el estado de alarma «como herramienta estatal única e indispensable para hacer frente a los peligros para la salud pública que se viven».

De hecho, la interpretación que hace el Ministerio Público es que «en cuanto medidas sean adoptadas que puedan ser restrictivas de derechos fundamentales en Resolución u Orden del Ministerio de Sanidad, su efecto vinculante evitaría someterlas a confirmación. Repárese en que tal efecto no depende del dictado de Resolución u Orden ni de que a él se aluda o no en ellas, sino de las reglas citada.

Fiscalía Por último, señala: «Con los argumentos e inferencias de las juezas en su última resolución se han corrido del criterio de «razonabilidad» y «lógica jurídica» que mantuvieron en autos «recientes» sobre medidas de la misma naturaleza «mencionado con la máxima estima a la interpretación y conciencia de las juezas, desde la perspectiva de que las normas jurídicas llevan a valoraciones de los supuestos a que se aplican que nunca son axiomáticas»».

El Tribunal de Justicia de Madrid no es el órgano a quien corresponde establecerlos y los demás Tribunales Supriores asumieron hasta el momento posturas distintas a las del TSJ de Madrid que por causas de seguridad jurídica debe unir el Alto Tribunal.

Fuente: EuropaPress

Sentiment score: SLIGHTLY POSITIVE

Countries: Spain

Cities: Madrid

La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>La Fiscalía recurre la determinación del TSJM sobre Madrid y solicita que el Supremo fije doctrina sobre confinamientos
>>>>>El TSJM tumba el cierre de Madrid ordenado por Illa – October 08, 2020 (El Mundo)
>>>>>Illa adoptará «las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud» tras tumbar el TSJ el cierre de Madrid – October 08, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>Illa avisa de que si las restricciones actuales no dan resultado en Madrid, habrá que «incrementarlas» – October 07, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>Madrid inicia el cerrojazo con miedo al «caos» y a la crisis económica – (El Mundo)
>>>>>>>>>>>>>Las medidas de Madrid redujeron la incidencia del virus entre un 9 y un 57% en 31 de las 37 zonas restringidas – (El Mundo)
>>>>>>>>>>>>>Las dudas del Gobierno sobre la mejoría de los datos de Madrid enturbia la reunión del Grupo Covid – (El Mundo)
>>>>>>>>>Varapalo judicial al ministro Illa tras retorcer la ley para dar el cerrojazo a Madrid – October 08, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>>>>>Illa da por buenas las cifras de Madrid sobre el Covid que apuntan una mejoría: «Nos han malinterpretado» – (El Mundo)
>>>>>>>>>¿Cómo queda el cierre de Madrid? ¿Ya no hay restricciones? ¿Desde cuándo? – (El Mundo)
>>>>>El Supremo concluye que el personal sanitario careció de medios de protección para luchar contra la pandemia – October 08, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>El Gobierno promete una evaluación independiente de la pandemia en noviembre – October 06, 2020 (El Mundo)
>>>>>>>>>Euskadi no participará en la evaluación independiente de Sanidad y censura el «proceso de centralización» – October 08, 2020 (EuropaPress)

Entidades mas mencionadas en la noticia:

Id Entity Positive Negative Named-Entity Total occurrences Occurrences (appearances)
1 Fiscalía 120 20 ORGANIZATION 18 (tacit) él/ella (referent: La Fiscalía): 4, (tacit) él/ella (referent: la Fiscalía): 6, La Fiscalía: 1, la Fiscalía: 7
2 Ministerio 10 42 PERSON 7 el Ministerio_Público: 3, (tacit) él/ella (referent: el Ministerio_Público): 4
3 Sala de Vacaciones 0 20 ORGANIZATION 7 la (referent: la Sala_de_Vacaciones): 1, (tacit) él/ella (referent: la Sala_de_Vacaciones): 3, la Sala_de_Vacaciones: 3
4 recurso 0 30 NONE 6 El recurso: 3, el recurso: 2, su recurso: 1
5 restricciones 0 100 NONE 5 la limitación: 2, las restricciones: 2, limitaciones: 1
6 medidas 0 24 NONE 5 medidas: 2, medidas urgentes y necesarias: 1, medidas preventivas: 1, medidas adoptadas: 1
7 órgano 60 0 NONE 5 el órgano: 4, el órgano competente: 1
8 resolución 0 0 NONE 5 dicha resolución: 1, su última resolución: 1, su resolución: 2, la resolución coordinadora: 1
9 Real Decreto 0 2 ORGANIZATION 4 él (referent: el Real_Decreto): 1, (tacit) él/ella (referent: el Real_Decreto): 2, el Real_Decreto: 1
10 La Fiscalía_de_la_Comunidad_de_Madrid 0 0 PLACE 4 (tacit) él/ella (referent: La Fiscalía_de_la_Comunidad_de_Madrid): 1, La Fiscalía_de_la_Comunidad_de_Madrid: 3