Por: SentiLecto

El Gobierno tiene abierto un frente en el Congreso por la unilateralidad con la que adoptó los últimos paquetes de medidas económicas para pretender calmar los efectos de la pandemia por coronavirus. Un buen número de fuerzas parlamentarias rechazan la ausencia de conversación y la falta de espíritu de consenso con la que el Ejecutivo aprobó con urgencia decenas de disposiciones que, o bien estiman insuficientes o poco reflexionadas, y comunican ya de sus desconfianzas a la hora de convalidarlas, como obligatoriamente establece la Constitución. En estas condiciones, desde el Gobierno, que en caso de extrema y urgente y necesidad e ingresan en vigor de modo inmediato a su publicación en el BOE, se pretenderá ganar tiempo apurando los plazos que le acepta la ley -30 días hábiles a partir de la publicación en el BOE- antes de someter a la confirmación de la Cámara los últimos decretos aprobados. Se trata de un tiempo en el que el Ejecutivo va a buscar acercarse a las formaciones políticas -PP, Ciudadanos, Vox, PNV, ERC, Bildu, JxCat, BNG, CUP- a fin de no tropezar con la grave dificultad que supondría el decaimiento, por falta de confirmación, de las medidas maravillosas que aprobó. Sin embargo, se trata de medidas provisionales cuya validez no puede prolongarse más allá de 30 días hábiles improrrogables, salvo que en ese plazo de tiempo logren el consentimiento del pleno del Congreso.

Pedro Sánchez reconoció este domingo ante los presidentes autonómicos con los que mantuvo una reunión por videoconferencia que el «abastecimiento» del material indispensable para el sistema sanitario en la pelea en contra del coronavirus va «con cierta tardanza», pero insistió que éste es una dificultad que afecta ahora de forma generalizada a toda Europa.

El miércoles 18 de marzo Pedro Sánchez cumplió con su obligación constitucional de acudir al Congreso para dar cuenta de la determinación de establecer el estado de alarma y los efectos del mismo, desgranar las medidas que dispuso el Gobierno para pretender cortocircuitar la expansión del coronavirus y para calmar, en lo probable, las consecuencias económicas de la parálisis en la que se sumió la nación.

En 7 días, se va a llevar a la práctica completamente sin que haya mediado la confirmación de la Cámara, en el caso del decreto de 29 de marzo su disposición clave la paralización de cualquier actividad estimada no elemental entre el día 30 y el 9 de abril, sin embargo esa regla incluye medidas derivadas -la obligación de albergar a sus trabajadores a una autorización retribuida recuperable hasta el 31 de diciembre- que prolongan sus efectos a lo largo de los meses venideros y, en consecuencia, fuerza a que se convalide el decreto antes del 12 de mayo so pena de abrir un grave vacío jurídico en detrimento de las empresas y los trabajadores.

El segundo decreto de medidas económicas, que incluye medio centenar de disposiciones para aliviar los efectos de la crisis especialmente en los colectivos más vulnerables o entre quienes quedaron económicamente más desprotegidos, ha de ser ratificado antes de la medianoche del jueves 14 de mayo. Si no fuera sometido a convalidación antes de mencionado plazo o que noes, decaería de inmediato y sus medidas dejarían de tener efecto, si la confirmación no recabara más síes.

«que sería conveniente que aprovechando la Semana Santa consiguiéramos niveles de movilidad muy semejantes a los que tenemos los fines de semana». ha informado: «Los especialistas nos han mencionado».

Si así fuese sólo cabría la posibilidad de renegociar el voto de confianza de los grupos a un nuevo decreto con el mismo, o muy similar, contenido. Una situación así ya se ha vivido con el decreto de la estiba, derribado en el Congreso, rehecho y finalmente aprobado. Sin embargo en una situación de emergencia como la actual, un paso en falso de estos atributos aumentaría muchos grados el termómetro, ya muy alto, de la inseguridad jurídica.

A su vez, Santiago Abascal pidió este martes la dimisión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y ha planteado formar un Gobierno de «emergencia nacional» que -con el voto de confianza parlamentario del PSOE, el PP y Vox- modifique de rumbo para salir de la crisis ante la «incapacidad» y la «negociación delincuente» del Gobierno. Santiago Abascal es el presidente de Vox.

De momento, la presidencia de la Cámara no prevé la convocatoria de pleno. En el almanaque original de actividad parlamentaria, ni la próxima semana ni la siguiente incluyen celebración de sesión plenaria.

Fuente: El Mundo

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