Por: SentiLecto

Consejo de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria sostiene: «Son medidas que «afectan negativamente a la población» y que la población más vulnerable «deberá superar una gran burocracia» para poder favorecerse de estas medidas». Adicionalmente, reclama que hay colectivos que siguen siendo «ignorados» en las medidas adoptadas por el Gobierno, como agentes inmobiliarios, profesionales autónomos y propietarios de locales comerciales. Los APIs de toda España, que al tiempo que expresan su «total confusión» ante las nuevas normativas, vuelven a pronunciarse contra las medidas adoptadas por el Gobierno en el contexto del Estado de Alarma, esta vez relacionadas con la área del alquiler y un paquete de medidas que va a afectar negativamente a «a un gran abanico de españoles» ; En este sentido, sobresale lo siguiente:

-La vivienda NO está mayoritariamente en manos de grandes tenedores.

-El decreto ignora a los profesionales autónomos que deben pagar un alquiler.

-Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria se han observado muy castigados por esta situación, detenidos sus negocios y el Gobierno no decretó ninguna medida de ayuda.

A su vez, el R.D. 463/2020 en el artículo 7 limita la libre circulación de personas por vías de empleo público, a excepción de para el cumplimiento de determinadas ocupaciones, y expresa la actividad del agente/agencias inmobiliarias, lo cierto es que la misma se ha observado seriamente afectada por esa limitación hasta el punto de hacer inviable por completo su desarrollo, si bien no excluye de forma.

Esta es la postura del Consejo en relación con el consentimiento de un paquete de medidas en materia de alquiler cuya propósito inicial es favorecer a familias vulnerables. Si bien la complejidad de los diligencias en estos momentos no facilitan una solución inmediata, se ve, principalmente, la suspensión de los desahucios durante seis meses tras el fin del estado de alarma, la prórroga maravillosa de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitual, una línea de microcréditos avalados por el Estado o ayudas directas de hasta 900 euros tras la crisis, por valor de 700 millones de euros, entre otros y ágil a su situación y a la vez dejan a muchos propietarios que complementan sus jubilaciones con las entradas de unos bienes inmuebles que han adquirido con ahorro y esfuerzo a lo largo de su vida para exactamente llegada su pensión en la misma situación de vulnerabilidad que sus arrendatarios.

Por otra parte, asimismo, alega que «las visitas concertadas con clientes, una vez hecha la negociación y captación de los edificios, los propios interesados también cancelan en estos momentos a ellas , por las causas obvias; así pues, tampoco se puede mostrar el producto ofertado».

Gerard Duelo defiende que «hay que quebrar con la imagen de que la vivienda de alquiler está mayoritariamente en manos de entidades financieras o grandes tenedores, puesto que hay una gran bolsa de pequeños y medianos propietarios actualmente desprotegidos y que el Gobierno ignora permanentemente en sus medidas». Gerard Duelo es presidente del Consejo General.

En este sentido, Duelo agrega que «ambas partes están haciendo esfuerzos muy relevantes y están llegando a acuerdos tanto de suspensión como de condonación de una parte del alquiler o aplazamientos en el pago, en función de la situación crítica de cada uno». Sin embargo, el presidente de loa API catalanes indica que «no es razonable pensar que la problemática que está afectando a la ciudadanía -propietarios y arrendatarios, ambos forman parte de ella- se puede resolver con respecto a los alquileres como pueda ser la disminución de beneficios previstos por parte de los propietarios de los edificios, respecta, de un modo tan simple».

Ministerio de Agenda Urbana Aunque no se registran datos oficiales, estima: «Entre el 85% y el 90% del mercado residencial del alquiler está en manos de pequeños propietarios, en su mayoría familias que necesitan esas entradas para cubrir sus necesidades».

Este crédito no va a tener interés, se lo aceptará por las entidades de crédito y va a contar con el aval del Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial , que va a firmar el correspondiente acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Profesionales autónomos, ignorados

Asimismo, desde el Consejo General se pone de relieve que el real decreto «olvida el perfil de aquellos profesionales autónomos que también pagan alquiler y en torno a los cuales nada se menciona».

«Se quedaron sin entradas al igual que los arrendatarios de vivienda, pero en su caso deben pagar igualmente sus alquileres para mantener sus locales y oficinas y tratar de recobrar sus negocios una vez se vaya volviendo a la normalidad. Ni se adoptan medidas para calmar su situación, ni se les acepta aplazamiento ninguno en relación a sus obligaciones fiscales», subraya el presidente del Consejo General de APIs.

«Los agentes de la Propiedad Inmobiliaria se han observado muy castigados por esta situación, detenidos sus negocios y el Gobierno no adoptó medidas que les puedan ayudar»,un reconocimiento hacia la área y la adopción de medidas tendientes a minimizar los efectos de la crisis vuelve a reclamar Además, desde el Consejo se.

Pese a que las medidas pudieran parecer de ayuda a las familias vulnerables, «queda, si se analiza la burocracia que tienen que cruzar los colectivos vulnerables para lograr estas ayudas expuesto que no va a ser fácil ni rápido», termina Duelo, por lo que pide al Gobierno desde el colectivo API que «se tomen medidas más apropiadas, urgentes y con el objetivo de dar soluciones reales y rápidas».

Fuente: Inmodiario

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