Por: SentiLecto

Foto: Wikipedia – Edificio del Instituto de Crédito Oficial

El Consejo de Ministros aprobó un nuevo paquete de medidas económicas y sociales con el que se completan y consolidan las medidas adoptadas en las tres últimas semanas por el Gobierno para minimizar y contrarrestar el impacto del COVID-19.

Este nuevo paquete de medidas se articula a través de un Real Decreto-ley que incluye más de 50 medidas con las que se complementa la red de seguridad articulada por el Estado para dar contestación a la situación que ha creado la pandemia.

Este nuevo grupo de medidas se articula en tres bloques: en primer lugar, voto de confianza a los trabajadores, las familias, los consumidores, los autónomos y los colectivos más vulnerables, de forma que se pueda aliviar su situación financiera y sus gastos fijos, y preservar así una renta mínima.

Adicionalmente, se amplía el concepto de colectivo vulnerable, de forma que además de los titulares de la hipoteca que estén en postura de desempleo o familias con algún miembro con minusvalía, en situación de dependencia o mayores de 60 años, se incluyan como beneficiario de la suspensión de lanzamientos a familias monoparentales con un solo hijo.

En segundo lugar, se impulsan iniciativas para sostener el tejido productivo y el empleo, y facilitar la futura recuperación de la actividad; y, en tercer término, se adoptan medidas de flexibilización de diversas actividades y procedimientos de la Administración.

A su vez, 1. Categorización del servicio de instalación, mantenimiento y reparación que realizan las empresas instaladoras en todo el territorio nacional de servicio estratégico para el aseguramiento básico y esencial para la seguridad y salubridad de los ciudadanos, usuarios de instalaciones y procedimientos industriales que piden la uso de instalaciones de gas, agua caliente sanitaria, calefacción, electricidad, agua y telecomunicaciones, en virtud el artículo 7 g) y artículo 17.

Finalmente, se han consolidado algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto-Ley 8/2020, aprobado el pasado 17 de marzo, además de prolongarse la duración de las mismas hasta un mes después del final del estado de alarma.

«El nivel de entradas familiar máximo para albergarse a esta medida se aumentará en función del número de hijos», establece Por otra parte, adicionalmente, se.

Tal y como recordó la ministra de Hacienda y Portavoz, se trata de medidas que consolidan el empeño del Gobierno «de que nadie se quede atrás» maría Jesús Montero y que permiten «consolidar el escudo social frente al coronavirus», como ha informado el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

Moratoria de alquileres

Como objetivo respaldar a las personas que no puedan pagar sus alquileres por encontrarse en situación de vulnerabilidad por el COVID-19, el primer bloque de medidas tiene y no tengan alternativa habitacional. En primer término, se suspenden los desahucios durante seis meses desde el ingreso en vigor del estado de alarma.

En segundo lugar, se implanta la renovación automática de los contratos de alquiler que venzan en los tres meses siguientes al ingreso en vigor de esta regla. Esta prórroga va a ser de seis meses y en ella se van a mantener los términos y condiciones del contrato en vigor. En tercer lugar, se establece una moratoria automática en el pago de su renta para aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda, tanto público como privado, incluido el Fondo Social de Vivienda de las entidades financieras, que se comprende como tal a quien posea más de diez edificios.

Mientras dure el estado de alarma, la moratoria en el pago de la renta se extenderá o mientras perdure la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses. Una vez superada satisfacción situación, el arrendatario va a devolver la cuota o cuotas no pagadas a lo largo de un tiempo no superior a tres años, sin que pueda aplicársele ningún tipo de penalización ni intereses.

En cuarto lugar, se regula la moratoria para el caso en el que el arrendador no sea un gran tenedor de edificios, algo que ocurre en el 85% de los casos. En estas circunstancias, el arrendatario, siempre que se encuentre en situación de vulnerabilidad, podrá pedir un aplazamiento en el pago de su renta. El arrendador va a tener siete días para admitirlo, proponer una alternativa o rechazarlo.

En el caso de que no haya un acuerdo, el arrendatario va a tener acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación a valor cero con aval del Estado. El arrendatario podrá pedir un crédito finalista, directamente pagado al arrendador, por valor de hasta seis mensualidades de la renta de alquiler, a devolver en un tiempo máximo de diez años.

Este crédito no va a tener interés, se lo aceptará por las entidades de crédito y va a contar con el aval del Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial , que va a firmar el correspondiente acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El Instituto de Crédito Oficial es un banco público adscrito al Ministerio de Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

Para personas que tengan dificultades más permanentes para el pago del alquiler, se establece también un nuevo programa de ayudas directas al alquiler sobre vivienda habitual y que podrán ser agregadas a las citadas anteriormente.

La regla incorpora un programa específico para víctimas de violencia de género, personas sin casa y otras especialmente vulnerables, a fin de dotarles de una solución habitacional inmediata. Se establece una ayuda de hasta 600 euros al mes, que puede aumentarse en casos justificados hasta 900 euros, siempre con un límite del 100% de la renta del edificio. Y se agregan otros 200 euros para la atención de los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos, con un límite del 100% de los mismos.

Se prolonga la moratoria hipotecaria

En materia de vivienda, se clarifican aspectos relacionados con la moratoria hipotecaria regulada en el RDL8/2020. Así, el plazo de suspensión pasa de uno a tres meses; se adapta la certificación de vulnerabilidad a la situación derivada del estado de alarma, siendo suficiente en estas circunstancias con una declaración responsable del beneficiario sobre su situación; y se clarifica que las cuotas suspendidas no se abonan al terminar la suspensión, sino que todos los pagos restantes se postergan por idéntico tiempo. También se agrega a los autónomos entre los colectivos que pueden favorecerse de esta moratoria.

Finalmente, se habilita a las corporaciones locales para que usen el superávit de ejercicios anteriores para adoptar medidas de voto de confianza a colectivos vulnerables en materia de vivienda.

Fuente: Inmodiario

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La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>El Gobierno suspende desahucios y brinda una moratoria del alquiler y créditos sin interés
>>>>>Se prorroga hasta 2024 la suspensión de desahucios hipotecarios de colectivos vulnerables – March 11, 2020 (Inmodiario)
>>>>>Propuestas de Conaif y Fenie para garantizar la continuidad de las empresas instaladoras frente al COVID-19 – March 16, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>>Más de 1.000 instaladores asisten a las jornadas de Conaif, Saunier Duval y Vaillant sobre el nuevo Reglamento del Frío – February 27, 2020 (CicConstruccion)

Entidades mas mencionadas en la noticia:

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