Por: SentiLecto

Ismael Morales, responsable de Comunicación de Fundación Renovables. Por un momento, a ver de dónde venimos, nos damos realmente cuenta del avance que supone el nuevo RDL 23/2020 y el sendero que abre para la transición energética en España, que iba en sentido contrario a la transición energética y, por ende, de la pelea en contra del cambio climático, construyendo un nuevo futuro a partir de las cenizas del pasado, si echamos la vista diez años atrás y nos detenemos. En el presente artículo analizamos el viraje de 360º que se produjo, modificando el panorama energético actual.

Ismael Morales, responsable de Comunicación de Fundación Renovables.Por un momento, a ver de dónde venimos, nos damos realmente cuenta del avance que supone el nuevo RDL 23/2020 y el sendero que abre para la transición energética en España, construyendo un nuevo futuro a partir de las cenizas del pasado, si echamos la vista diez años atrás y nos detenemos. En el presente artículo analizamos el viraje de 360º que se produjo, modificando el panorama energético actual.

Hace 12 años, se llevó a cabo una acción de Gobierno exigua en política energética, actuando únicamente para reducir el temido déficit de tarifa, permitiendo que desapareciesen las medidas necesarias que avanzaran hacia el cambio de modelo energético, para pretender salir de la crisis económica de 2008. No se ha apostado por la eficiencia energética, la dependencia del empleo de combustibles fósiles fue incrementada y los compromisos de cobertura de la demanda final fueron obviados con energías renovables y la disminución de emisiones de GEI.

Pero no hace falta irnos tan lejos. Hace solo dos años cargos absurdos eran gravámenes a la instalación de autoconsumo fotovoltaico con el ya famoso y denostado “Gravamen al Sol”, se observaba inviable y lejano el cierre de las centrales de carbón y la potencia instalada de renovables no lograba despegar desde hacía un lustro.

La nueva figura de las comunidades de energías renovables supone un vehículo de conversión de los ciudadanos en personas capaces de producir energía renovable de forma colectivizada, permitiendo participar directamente a las personas físicas, pymes y autoridades locales en la nueva generación renovable

Ahora un viraje de 360º es producido , modificando el panorama energético actual. El RDL 15/2018, por octubre de 2018, ha apagado los principales incendios que imposibilitaban avanzar en la transición energética: derogaba el “Gravamen al Sol”, eliminaba ciertas dificultades administrativas al autoconsumo y planeaba la racionalización de la recarga de vehículos eléctricos. El nuevo RDL 23/200, entre otras normativas, intenta construir un nuevo futuro a partir de las cenizas del pasado.

Desde la Fundación Renovables recibimos con placer el consentimiento por parte del Consejo de Ministros del RDL 23/2020, puesto que, viniendo de donde venimos, aunque deja muchos puntos pendientes, supone un gran paso adelante y una positiva declaración de propósitos del Gobierno y, sobre todo, faltan herramientas fundamentales para la transición energética.

Empezando por los puntos favorables, al respecto de la introducción de los criterios para el cumplimiento de los remates de renovables, es una buena noticia que sean competitivas y las barreras administrativas sean eliminadas que lo impedían, siendo necesario que el desarrollo reglamentario se lleve a cabo con la mayor premura. Esta nueva regulación supone el punto final del cuestionable y cuestionado sistema de remates renovables de los hermanos Nadal, por el que se subastaba potencia y no energía.

A partir de ahora, para el cumplimiento de los remates aspectos de los proyectos serán apreciados como los atributos técnicas, la medida, los niveles de gestionabilidad y se tendrán en cuenta criterios de localización, de madurez tecnológica y otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada. Su cumplimiento, según ha comunicado el Miteco, en el segundo semestre de 2020 va a permitir asegurar las inversiones necesarias que permitan incrementar la potencia instalada de fotovoltaica y eólica en la combinación energética español, permitiendo cumplir con los objetivos de disminuciones de emisiones que plantea el PNIEC a 2030. «Es necesario un almanaque manifiesto de cumplimiento de los remates y que tengan un nivel de exigencia sobre el grado de madurez administrativa de los proyectos que se presenten», comprendemos En este sentido,.

Por fin se definen, gracias a la trasposición de las directivas europeas y a efectos meramente declarativos, figuras como los agregadores de demanda, las comunidades energéticas y el titular de las instalaciones de almacenaje, permitiendo, a estos dos últimos, participar en el mercado eléctrico de generación y de negociación de la demanda. Este suceso supone un avance muy reclamado hacia la descentralización del sistema eléctrico, pidiendo de un desarrollo reglamentario que esperamos que no se postergue tanto como la transposición de estas figuras.

Vehículos de conversión de los ciudadanos

La nueva figura de las comunidades de energías renovables supone un vehículo de conversión de los ciudadanos en personas capaces de producir energía renovable de forma colectivizada, permitiendo participar directamente a las personas físicas, pymes y autoridades locales en la nueva generación renovable. Confiamos que aún se avance más en el modelo expuesto por la actual Directiva del mercado eléctrico incorporando con precisión, pero con plenitud, la figura de las comunidades ciudadanas de energía, que van a haber de colocar a los consumidores en el centro del nuevo sistema energético.

Por otro lado, el RDL 23/2020 pretende calmar el incremento de la especulación creada respecto de los puntos de acceso y conexión, junto con la saturación y la congestión de estos puntos, poniendo en orden todo el procedimiento de otorgación al hacer que los titulares de la autorización dispongan de un plazo máximo de seis meses para pedirlo o, de lo contrario, caduque. Análogamente, no es comprensible que se les otorgue a los titulares de las autorizaciones, que los han obtenido hace siete años y que no disponen ya de una madurez administrativa contrastable, siendo una prueba del interés real de ejecución, o que se les habiliten unos plazos para acreditar hitos que dilaten la disponibilidad real de conexión y que les permitan obtener la licencia administrativa de explotación decisiva.

Desde la Fundación Renovables , o tendría que recortar el tiempo de tiempo de licencia. comprendemos: «, no existe una disposición real para el desarrollo del proyecto, si no tienen el avance administrativo por lo que tendrían que perder la autorización, liberando el punto». o tendría que recortar el tiempo de tiempo de licencia. Adicionalmente, para poner más dificultades a la especulación, abogamos por el establecimiento de medidas específicas que dificulten los procedimientos generados por la disponibilidad de una autorización de conexión, introduciendo restricciones a su transaccionalidad.

Pago por empleo de las redes

Uno de los puntos que supone seguir con el modelo concesional es el incremento del porcentaje de inversión anual en la red de transporte del 0,065% al 0,075% del Producto Interior Bruto durante cada uno de los años del trienio 2020-2022, mientras que en la red de reparto el límite es aumentado del %0,13 al %0,14, con base en la tarifa eléctrica de todos los consumidores. Esto conlleva el incremento de la rentabilidad por la inversión en los activos de redes, dejando de lado una política energética efectiva y coherente con un “pago por empleo” de las redes que favorezca al consumidor y no al propietario de estas.

Adicionalmente, hay escasez de herramientas que no solo son fundamentales para la transición energética, sino para su aceleración a nivel local, generando patrimonio con carácter repartido y sentando las bases para la recuperación económica.

Si tenemos en cuenta, no comprendemos la ausencia de medidas para el uso de la política fiscal de forma activa y finalista tanto para la promoción de iniciativas como para gravar el consumo de gasolinas, algo ininteligible que es una herramienta clave para acelerar, flexibilizar y acelerar objetivos. La incorporación, como única medida de Naturaleza fiscal, de la libertad de amortización en el cumplimiento de actividades de innovación y mejoría tecnológica en la industria de la automoción, nos parece insuficiente y pedimos que sea extensible a otras actividades industriales relacionadas con la sostenibilidad, la eficiencia y el ahorro energético.

Nos parece insuficiente que solamente se haya incorporado una ligera alteración en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera , permitiendo a las entidades locales dedicar en el 2020 el 7% del saldo positivo correspondiente al año 2019, para financiar exclusivamente gastos en vehículos eléctricos o en estructuras de puntos de recarga. Sin embargo, reincidimos en la necesidad de liberar no solo los saldos existentes como ya han solicitado muchos alcaldes, sino que estos recursos también infraestructura eficiencia energética o autoconsumo puedan ser dedicados a proyectos de rehabilitación, infraestructura, eficiencia energética o autoconsumo.

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Fuente: CicConstruccion

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La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>Nuevo RDL 23/2020: puntos favorables y lagunas pendientes
>>>>>Nuevo RDL 23/200: puntos favorables y lagunas pendientes – October 15, 2020 (CicConstruccion)

Entidades mas mencionadas en la noticia:

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